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Declaración de Socialismo 21
Huelga General contra La demolicion de los derechos laborales

Con el Real Decreto ley de “medidas urgentes para la reforma del mercado laboral” del pasado 10 de febrero,  el gobierno del Partido Popular ha asestado un terrible golpe a los derechos de los trabajadores/as, al menguante “Estado del bienestar” y,  en consecuencia, a la Democracia,  degradando aún  más una Constitución agotada y deslegitimada.
En un ejercicio cínico  y de desprecio a los ciudadanos, los términos con los que defiende el PP sus intenciones y objetivos son en realidad los contrarios. En lugar de modernizar la negociación colectiva,  la hace retroceder al siglo XIX; en vez de frenar la “sangría de destrucción de empleo”,  se facilita y abarata el despido, lo que provocará -en plena recesión-  alcanzar pronto los 6 millones de parados; no creará empleo estable sino más precariedad, especialmente para los jóvenes y desempleados de larga duración; con la excusa de “evitar que el despido sea el último recurso” de los empresarios,  se degradan  brutalmente las condiciones de trabajo, jornada y salario de la clase trabajadora, lo cual disminuirá la demanda, acentuará la recesión y los despidos consiguientes.
Entre los aspectos más importantes de la “contrareforma” laboral, denunciamos:
Las nuevas facilidades y abaratamiento del despido. Para el despido objetivo, y por tanto procedente, se generaliza  la indemnización de 20 días por año,  con un tope de 12 meses.  Al resto de despidos que sean declarados improcedentes se reduce la indemnización a 33 días por año,  con un máximo de 24 mensualidades. Se elimina la autorización administrativa a los ERES, en tanto que para el personal laboral de las Administraciones y Empresas públicas se  añade  el criterio de “insuficiencia presupuestaria”,  en un contexto de recorte del déficit en virtud de la aplicación de la reciente reforma de la Constitución pactada entre PSOE-PP e impuesta por Merkozy. La individualización del absentismo  y su desvinculación  respecto de la media de la plantilla se  traducirá en más despidos y en el empeoramiento de la salud de los trabajadores.
El reforzamiento de  la capacidad empresarial para descolgarse o “inaplicar” los convenios colectivos vigentes,  mediante la introducción de nuevos criterios como el de evolución de ingresos y ventas en un período de dos trimestres. Se elimina la “ultraactividad” de los convenios,  provocando la pérdida de las mejoras conquistadas a lo largo del tiempo, en una especie de “reset” laboral para partir de los mínimos sobre salario, jornada, etc., que fija  la Ley.
La regresión en  la capacidad de negociación colectiva del conjunto de la clase trabajadora, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, al dar prioridad a los convenios de empresa sobre otras modalidades más amplias y protectoras.
El avance de la “precarización”  con el nuevo contrato “indefinido” para autónomos y empresas con menos de 50  trabajadores,  en el que se establece un periodo de prueba de 1 año durante el cual el empresario puede despedir al trabajador sin más trámite ni coste.  
La eliminación de las barreras a la actuación de las ETT’s.
“Culpabilización” de las personas en paro,   con el reforzamiento de mecanismos de control.
En resumen,  la “contrareforma” laboral refuerza abusivamente el poder empresarial y debilita en extremo la capacidad de la clase trabajadora para defender sus derechos. Este “decretazo”,  junto a las medidas de recorte del gasto social e inversiones públicas, en aplicación de las directrices de la UE  para reducir el déficit y devolver la deuda, completa la política de realizar un brutal ajuste de los costes laborales con el objetivo de relanzar las exportaciones y equilibrar la balanza de pagos. Objetivo que, en las degradadas condiciones de la economía española y de la zona euro, no solo es inalcanzable sino que puede provocar una crisis de insolvencia, que nos haga recorrer el mismo camino al abismo que Grecia.  
 Nos encontramos ante una declaración de guerra a la clase trabajadora, a todas las organizaciones sindicales, y a la gran mayoría de la ciudadanía. De consolidarse el Real Decreto Ley en un Parlamento donde la derecha del PP tiene mayoría absoluta, con el riesgo de ser empeorado por la presión de la derecha nacionalista CiU, las consecuencias económicas y sociales alimentarían la espiral de más crisis, más desempleo, nuevos recortes, mas ajustes, recorriendo una senda de creciente autoritarismo y represión.  
Hay motivos mas que sobrados para organizar la Huelga General, masiva y contundente, para echar atrás el “Decretazo”. La ciudadanía ha expresado a lo largo de los últimos meses su malestar y su voluntad de lucha, desde las movilizaciones del 15M hasta las manifestaciones masivas que han tenido lugar en enero y febrero en Barcelona y Madrid, pasando por las más variadas movilizaciones contra todo tipo de recorte o injusticia. No cabe tregua ninguna a un gobierno que ha desencadenado una ofensiva  reaccionaria y antisocial desde su inicio.
Llamamos a la clase trabajadora, a la inmensa mayoría de los ciudadanos,  que no roba, ni explota, a participar en las convocatorias de movilización contra el “Decretazo”. A elevar   un  clamor por la Huelga General  en las manifestaciones de 19 de febrero, para hacer “pedagogía” sobre los dirigentes sindicales,  indicándoles  que han fracasado con su política de pactos y concesiones a la patronal. Para  que rectifiquen y se pongan al frente de  la necesaria unidad sindical, social y ciudadana para garantizar el éxito de la Huelga General  y de  cuantas acciones generales sean precisas hasta que sea retirado el “Decretazo”.
13 de febrero 2012
Asociación político-cultural Socialismo 21