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24 Nov 2012

Palestina, Naciones Unidas en prevaricatio Destacado

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La balanza se decanta hacia el lado del poder La balanza se decanta hacia el lado del poder
La Sociedad de Naciones era consciente cuando otorgó un Mandato al Reino Unido sobre Palestina. Ello implicaría la conculcación de los derechos civiles de la población palestina, dado los antecedentes conocidos de los Acuerdos Sykes-Picot y la Declaración Balfour. ¿Hubo prevaricación en este acto?

Una sugerencia de demanda contra la Organización de las Naciones Unidas

¿Es posible que exista alguna fisura en el armazón jurídico en el que se ha cimentado la conculcación de los derechos civiles de los palestinos a instancia de la Sociedad de Naciones primero y de su heredera, la Organización de las Naciones Unidas después, en relación a Palestina?

Para discernir sobre este asunto, habría que comenzar por razonar sobre premisas mentales diferentes a las que habitualmente hemos usado como referencia. En la pregunta están ambas premisas implícitas. Por un lado, “los palestinos y la Sociedad de Naciones”, y por el otro, “la Organización de las Naciones Unidas y Palestina”.

La primera premisa, “los palestinos y la Sociedad de Naciones”, la asociamos al inicio de un proceso de injusticia histórica, ya sobrepasado por los hechos jurídicos posteriores que han tenido como elementos centrales el territorio de Palestina y las decisiones que con respecto a ella se tomaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 181 de 29 de noviembre de 1947. Pero aparte de ese inicio de una injusticia histórica que se perpetúa de manera irresoluta hasta nuestros días, no se suele pensar en la conjugación de la premisa “los palestinos y la Sociedad de Naciones” como sujeto de derecho sobre el que se pueda actuar, a fin de buscar una solución a la situación de conculcación sistemática de los derechos civiles que sufren los palestinos desde que fueron condenados a ello por efecto de una decisión arbitraria de la Sociedad de Naciones en julio de 1922.

En este sentido, valdría la pena plantearse si existe la posibilidad real de cuestionarse jurídicamente la legalidad a fecha de hoy de la decisión del Consejo de la Sociedad de Naciones que le otorgaba a Reino Unido un Mandato sobre los territorios de Palestina, Transjordania, e Irak. Los dos primeros serían englobados bajo en Mandato de Palestina, aunque en septiembre de 1922, a Transjordania le sería concedida por el Reino Unido un régimen jurídico de semi autonomía bajo el nombre de Emirato de Transjordania.

Un proyecto de Mandato fue sometido por Gran Bretaña a la consideración del Consejo de la Sociedad de Naciones el 24 de julio de 1922, y el Consejo acordó la adopción de un texto definitivo el 29 de septiembre de 1923, fecha en que el Mandato entraría oficialmente en vigor. (1)

Antecedentes políticos y jurídicos del Mandato británico sobre Palestina

Fue una iniciativa del propio Reino Unido la que llevó al Consejo de la Sociedad de Naciones la propuesta de otorgamiento a este país de un Mandato sobre Palestina en julio de 1922.

Unos años antes de esta decisión del Consejo de la Sociedad de Naciones, el Foreign Office había emitido la siguiente declaración:

 

Foreign Office, 2 de noviembre de 1917. Estimado Lord Rothschild,: Tengo el placer de dirigirle, en nombre del Gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido sometida al Gabinete y aprobada por él. «El Gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina ni los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país.» Le quedaré agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista. Sinceramente suyo, Arthur James Balfour. (2)

 

Aun en plena Gran Guerra, los políticos del Imperio Británico ya diseñaban el futuro de Palestina bajo la influencia sionista.

 

Al poco de acabar la Gran Guerra, se firmó el Tratado de Versalles en fecha 28 de junio de 1919, que instituiría el Pacto de la Sociedad de Naciones, el cual habría de entrar en vigor el 10 de enero de 1920.

 

Señalo ahora los dos artículos de este Pacto de la Sociedad de Naciones que fueron considerados por los juristas de la época como los sustentadores del otorgamiento a Reino Unido del Mandato sobre Palestina de 29 de septiembre de 1923:

 

Artículo 20

 

1. –– Los miembros de la sociedad reconocen, cada uno en lo que le concierne, que el presente pacto abroga todas las obligaciones o inteligencia “inter se” incompatibles con sus términos y se comprometen solemnemente a no contraer en lo futuro compromisos semejantes.

 

2. –– Si antes de ingresar a la sociedad, un miembro hubiera asumido obligaciones incompatibles con los términos del pacto, deberá adoptar medidas inmediatas para desligarse de esas obligaciones.

 

Artículo 22

 

1. –– Los principios siguientes se aplican a las colonias y territorios que, a raíz de la guerra, han cesado de hallarse bajo la soberanía de los Estados que los gobernaban anteriormente y que son habitados por pueblos aun incapaces de regirse por sí mismos en las condiciones particularmente difíciles del mundo moderno. El bienestar y desarrollo de esos pueblos constituye una misión sagrada de civilización, y conviene incluir en el presente pacto garantías para el cumplimiento de esta misión.

 

2. –– El mejor método para realizar prácticamente este principio consiste en confiar la tutela de esos pueblos a las naciones adelantadas que, gracias a sus recursos, su experiencia o su posición geográfica, están en mejores condiciones para asumir esta responsabilidad y que consienten en aceptarla. Ellas ejercerán esta tutela en calidad de mandatarios y en nombre de la sociedad.

 

3. –– El carácter del mandato debe diferir según el grado de desarrollo del pueblo, la situación geográfica del territorio, sus condiciones económicas y cualquiera otra circunstancia análoga.

 

4. –– Ciertas comunidades que antes pertenecían al Imperio Otomano, han alcanzado tal grado de desarrollo que su existencia como naciones independientes puede ser reconocida provisoriamente a condición de que los consejos y la ayuda de un mandatario guíen su administración hasta el momento en que ellas sean capaces de manejarse solas. Los deseos de esas comunidades deben ser tomados en especial consideración para la elección del mandatario.

 

5. –– El grado de desarrollo en que se encuentran otros pueblos, especialmente los del África Central, exige que el mandatario asuma la administración del territorio en condiciones que, con la prohibición de abusos tales como la trata de esclavos, el tráfico de armas y de alcohol, garanticen la libertad de conciencia y de religión sin otras limitaciones que las que puede imponer el mantenimiento del orden público y de las buenas costumbres, y la prohibición de establecer fortificaciones o bases militares o navales y de dar instrucción militar a los indígenas para otros fines que los de policía o defensa del territorio, y que aseguren igualmente a los otros miembros de la sociedad, condiciones de igualdad para el intercambio y el comercio. (3)

 

En lo referente al artículo 20, al lector poco familiarizado con la historia de Palestina en el siglo XX y con la terminología jurídica, le será difícil percatarse de las consecuencia de este artículo y de la razón por la que se alude explícitamente al término “inter se”. Este es un concepto que en términos legalistas se define de la manera siguiente:

 

En latín significa “entre ellos mismos”, lo que significa que, por ejemplo, ciertos derechos corporativos se limitan solo a los accionistas, o solo a los administradores como grupo. (4)

 

Es muy significativa la explicación que del porqué de este artículo da Roger Garaudy:

 

El Mandato sobre Palestina recogía las mismas ambigüeda­des que se manifestaban en la Declaración Balfour: Palestina seguía siendo la tierra dos veces prometida: a los sionistas y a los árabes. El preámbulo hacía referencia a la Declaración Balfour y recogía los términos «Hogar Nacional Judío», por una parte, y, por otra, el respeto a las poblaciones no judías.

 

Pero se añadía una nueva contradicción con el Pacto de la Sociedad de Naciones, cuyo artículo 20 estipulaba: «El pre­sente Pacto abroga todas las obligaciones o entes internas incompatibles con estos términos». Era, con toda evidencia, el caso de Gran Bretaña, la cual mediante la Declaración Balfour, había asumido ciertos compromisos sobre un territorio que no le pertenecía.

 

La Sociedad de Naciones puso entre paréntesis la referencia a la Declaración Balfour sobre el mandato, reconociendo así «el hecho consumado», según la voluntad de los colonialistas. (5)

 

Potenciales implicaciones de la Declaración Balfour en el otorgamiento del Mandato sobre Palestina

 

Hay que entender que el artículo 20 del Pacto de la Sociedad de Naciones fue elaborado a la medida de las necesidades del Imperio Británico.  Previamente a la Declaración Balfour, se había firmado otro acuerdo secreto que implicaba a tres potencias europeas, Reino Unido, Francia, y Rusia, los Acuerdos Sykes-Picot de 1916 que establecía el reparto de los territorios árabes bajo dominio turco entre estas potencias coloniales europeas una vez finalizada la Gran Guerra.

 

El asunto fue que la Revolución Rusa de 1917 frustró la connivencia zarista con el pacto de reparto colonial, y los revolucionarios rusos lo desvelaron ante la opinión pública mundial.

 

Ante la intención del Reino Unido de hacerse con el control colonial de Palestina a través de la justificación de un Mandato otorgado por la Sociedad de Naciones, no olvidemos que fue el propio Imperio Británico el que presentó ante la SDN en fecha 24 de julio de 1922 un proyecto solicitando a esta organización que le concediese el Mandato sobre Palestina, el gobierno británico se vio en la necesidad de justificarse.

 

Sami Hadawi refleja en su libro “Palestine in focus”, la encrucijada en la que se vio envuelta la diplomacia británica tratando de nadar y guardar la ropa a la vez.

 

Lo hace a través de la siguiente reseña:

 

En 1922 el Gobierno británico se vio obligado a precisar la significación y el alcance de la Declaración Balfour. Y publicó en este sentido la siguiente aclaración: “Se han realizado declaraciones no autorizadas para hacer creer que se trata de establecer una Palestina totalmente judía. Se emplearon expresiones tales como: “Palestina debe ser tan judía como Inglaterra es inglesa.” La Declaración explica a continuación que “El Gobierno de su Majestad considera toda tentativa semejante como impracticable y declara que no existe tal objetivo”. Llamaban la “atención sobre el hecho de que los términos de la Declaración en cuestión no consideran que Palestina en su totalidad deba ser enteramente transformada en un Hogar nacional judío, sino que tal Hogar debe ser establecido en Palestina” . Sería útil añadir aquí que esta última declaración fue hecha por el ministro de las Colonias, Winston Churchil, ferviente sionista.(6)

 

O también de esta otra puesta en boca de representantes del gobierno británico:

 

“La colonización judía en Palestina será permitida únicamente en tanto en cuanto sea compatible con la libertad política y económica de la población árabe”. (7)

 

En base a lo dicho en el apartado 1 del artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones de fecha 28 de junio de 1919 (ver más arriba), la resolución que el 29 de septiembre de 1923 concedió oficialmente al Reino Unido el Mandato sobre Palestina estaba claramente en contradicción con lo que en el susodicho artículo se estipulaba, por cuanto ya de antemano se sabía que el Mandato sería utilizado para implementar medidas que claramente lesionarían los derechos civiles de la población autóctona palestina, lo que constituyó una actuación en prevaricatio por parte de la Sociedad de Naciones. El hecho de que la Sociedad de Naciones delegase una jurisdicción directa y parcial en el Reino Unido sobre el territorio de Palestina, y por ende sobre la población palestina que lo habitaba, que como tal sería un sujeto de derecho, no implicaba el cese en la obligación que tenía la Sociedad de Naciones, según lo estipulado en el articulado del Pacto, de procurar el bienestar y el desarrollo del sujeto de derecho que era y es  el pueblo palestino.

 

Sobre la Sociedad de Naciones y su heredera, la Organización de las Naciones Unidas, recae el peso histórico y la responsabilidad legal de la conculcación sistemática que de los derechos civiles de los palestinos se viene implementando desde el otorgamiento al Reino Unido del Mandato sobre Palestina.

 

La pregunta que viene ahora a colación sería: ¿Cabría la posibilidad legal de demandar a la Organización de las Naciones Unidas por su responsabilidad en el sufrimiento programado del pueblo palestino?.

 

La intervención ante la Corte Permanente de Arbitraje

 

Kathleen Claussen, abogada y letrada de la Corte Permanente de Arbitraje,  ha dicho recientemente en una ponencia impartida a los alumnos de Derecho del Campus de Santa Cruz la Real de Segovia en abril de 2012, que esta institución fundad en 1899 es la más antigua del mundo en lo que se refiere al campo de la jurisprudencia relativa al arbitraje internacional.

 

Fue antes de que existiese la ONU o la Sociedad de Naciones, y no debe ser confundida con la Corte Internacional de Arbitraje fundad en 1919, que actúa fundamentalmente en materia de controversias ligadas al comercio internacional, ni con la Corte Internacional de Justicia, fundada en 1946, y que es el principal tribunal internacional que funciona bajo los auspicios de la ONU, según también la letrada de la CPA Kathleen Claussen.

 

La Corte Permanente de Arbitraje existía antes de los acuerdos secretos desvelados por los revolucionarios rusos referentes al pacto Sykes-Picot de 1916, existía antes de la Declaración Balfour de 1917, y existía antes de la entrega de Palestina a los británicos en concepto de Mandato por la Sociedad de Naciones. Las dos primeras, manifestaciones de naturaleza política, y la tercera, actuación política, concernían ineludiblemente al pueblo palestino como sujeto de derecho en virtud de los derechos civiles que como tal debían ampararle.

 

La Sociedad de Naciones, aun conociendo los dos precedentes mencionados antes del acto político del 29 de septiembre de 1923, accedió en esta fecha a conceder oficialmente al Reino Unido un Mandato sobre Palestina que sabía lesionaría de manera irresoluta los derechos civiles de los palestinos. ¿Se planteó alguien a partir del 24 de julio de 1922, fecha en que Reino Unido presentó el primer proyecto de petición a Naciones Unidas de concesión de un Mandato sobre Palestina, recurrir a la Corte Permanente de Arbitraje en nombre del pueblo palestino, sujeto de derecho, en salvaguarda de los derechos civiles de este pueblo que se sabía iban a ser conculcados irremediablemente?..

 

A pesar de que se veía claramente que se estaba preparando un acto en prevaricatio en el Consejo de la Sociedad de Naciones, a la medida de los intereses imperialistas británicos, el pueblo palestino, sujeto de derecho, estuvo en la más absoluta indefensión. No hubo demanda alguna ante la Corte Permanente de Arbitraje en defensa de los derechos civiles de los palestinos que se sabía iban a ser lesionados por la propuesta británica de 24 de julio de 1922, asociada, lo que a nadie se le escapaba, a los precedentes de los Acuerdos Sykes-Picot y la Declaración Balfour.

 

No estamos hablando pues únicamente de una injusticia histórica, sino de un mecanismo perfectamente orquestado por los actores del momento para eludir, ¿el estado de derecho?, vigente en ese momento. El principal responsable de la prevaricatio es la Organización de las Naciones Unidas, como heredera de aquella Sociedad de Naciones sin cuya ignominiosa actuación no hubiera sido posible la perpetración de la prevaricatio contra los derechos civiles del pueblo palestino.

 

¿No puede esta realidad histórica motivar el inicio de un proceso jurídico en defensa de los derechos civiles del pueblo palestino que discurra por causes distintos a los habitualmente utilizados?.

 

Propuesta de actuación

 

La Corte Permanente de Arbitraje permite la interposición de demandas por parte ya sea de instituciones privadas, uno o varios estados, u organizaciones intergubernamentales, o por una combinación de estos entes. Dispone de un procedimiento de actuación para dirimir controversias internacionales que permite la formación ad hoc de tribunales que pueden estar constituidos por representantes nombrados por las partes en litigio, o por terceros imparciales aceptados por ambos litigantes.

 

Interponer una demanda contar la misma Organización de las Naciones Unidas supondría que esta institución debería nombrar a sus representantes en el tribunal instituido ad hoc, y la parte demandante los suyos, o en sustitución de esto, nombrar terceros imparciales consensuados entre la parte demandada y la parte demandante

 

Esa característica que permite la combinación de estados, partes privadas, y organizaciones intergubernamentales, hace de la Corte Permanente de Arbitraje una institución internacional que se considera situada en la intersección entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público.

 

Una definición jurídica del concepto derecho privado internacional sería la siguiente:

 

El Derecho internacional privado es aquella rama del Derecho que tiene como objeto los conflictos de jurisdicción internacionales; conflictos ley aplicable y los conflictos de ejecución y determinar la condición jurídica de los extranjeros.

 

Esta rama del Derecho analiza las relaciones jurídicas internacionales ya sea entre privados, o donde existe un interés privado. Esta relación jurídica tiene la particularidad de tener un elemento extraño al derecho local, que suscita ya sea conflictos de jurisdicción o de ley aplicable, y su fin es determinar quien puede conocer sobre el tema y que derecho debe ser aplicado.

 

En algunos países a esta rama del derecho se le conoce como Derecho Civil Internacional.

 

Cabe recalcar que el Derecho internacional privado no soluciona los conflictos, simplemente determina la norma o ley de qué país se debe utilizar en la solución de conflictos internacionales, así como el juez que resolverá esta controversia (Posición Normativista).

 

Modernamente la doctrina esta cambiando hacia una posición sustancialista, en donde dentro del DIPr se incluyen Normas que resuelven directamente los casos que se puedan plantear, y centra el estudio de esta rama del derecho, no ya en la “Norma indirecta o de conflicto” sino en las relaciones Jurídicas Privadas Internacionales que es donde realmente radican las controversias de las que se hará cargo el Derecho Privado Internacional. (8)

 

Al no disponer los palestinos de un estado cuya ley pudiera aplicarse dentro del  ámbito de jurisdicción de sus fronteras políticas, era obligación de la Sociedad de Naciones velar por el cumplimiento de una legislación que amparase los derechos civiles de los palestinos.

 

¿Cumplió la Sociedad de Naciones con su deber de tutelar la aplicación efectiva de esos derechos después de finalizar la Gran Guerra, y con ella también la jurisdicción otomana sobre el territorio de Palestina y consecuentemente sobre los mismos palestinos residentes en este territorio?.

 

Demandar a las Naciones

 

La Corte Permanente de Arbitraje ofrece soluciones mediante cuatro métodos basados en la Carta de las Naciones Unidas, mediación, conciliación, arbitraje, e investigación

 

No habría que pensar en un tribunal ad hoc para que arbitrase mediante la emisión de un laudo, sino en una comisión de investigación que emitiese un informe sobre una demanda contra Naciones Unidas, como heredera de la Sociedad de Naciones, por haber tomado una resolución el 29 de septiembre de 1923 a sabiendas de que mediante esta, los derechos civiles de la población palestina se verían irresolutamente lesionados

 

Ante la imposibilidad que ofrecen otros causes jurídicos ya sobradamente probados, hay que utilizar una táctica de puerta trasera, se trataría pues de iniciar un proceso cuyo primer paso habría de consistir, a mi entender, ceso, en llevar a la misma organización de las Naciones Unidas ante una comisión de investigación de la CPA que habría de dirimir sobre la posible prevaricatio de la institución antecesora de esta, la Sociedad de Naciones, en el acto de concesión a Reino

 

Unido del Mandato sobre Palestina.

 

TÍTULO IV. DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL

Capitulo II. De la Corte Permanente de Arbitraje

 

Artículo 42

 

La Corte Permanente es competente para conocer todos los casos de arbitraje, a menos que las Partes acuerden instituir una jurisdicción especial.

 

Artículo 63

 

Como regla general, el procedimiento arbitral comprende dos fases distintas: la escrita y los debates.

 

El procedimiento escrito consiste en la comunicación efectuada por los agentes respectivos a los miembros del Tribunal y a la Parte contraria, de memorias, contestación a las memorias y, en caso necesario, de réplicas; las Partes incluyen todas las piezas o documentos invocados en la causa. Esta comunicación tendrá lugar, directamente o por conducto de la Oficina Internacional, en el orden y dentro de los términos fijados por el compromiso.

 

Los términos fijados por el compromiso se pueden prorrogar por mutuo acuerdo de las Partes o por el Tribunal cuando éste último lo considere necesario a fin de llegar a una decisión justa.

 

Los debates consisten en la presentación oral de los alegatos de las Partes ante el Tribunal. (9)

 

La propia dinámica que implicaría la presentación de alegatos ante la comisión de investigación en denuncia de la actuación en prevaricación de la Sociedad de Naciones, ya constituiría per se un objetivo.

 

Artículo 19

 

En la investigación se oirá a ambas Partes.

 

En las fechas previstas, cada Parte comunica a la Comisión y a la otra Parte las exposiciones de hechos, si procede, y, en todos los casos, los escritos, piezas y documentos que ésta considere útiles para el descubrimiento de la verdad, así como la lista de testigos y de expertos que desee presentar. (9)

 

Obviamente, un informe emitido por una comisión de investigación en el marco de la Corte Permanente de Arbitraje  no tendría el carácter de laudo..pero es precisamente ese informe el que habría que tener en la mano para posteriormente planearse otras iniciativas.

 

Artículo 20

 

La Comisión tiene la facultad, con el consentimiento de las Partes, de trasladarse temporalmente a los lugares que considere útil para obtener información o de delegar a uno o varios de sus miembros para tal fin. La autorización del Estado en cuyo territorio se procederá a la obtención de dicha información deberá ser obtenida.

 

Artículo 21

 

Todas las verificaciones materiales y todas las visitas de localidades deben realizarse en presencia de los agentes y consejeros de las Partes o habiendo sido éstos debidamente citados.

 

Artículo 22

 

La Comisión está facultada para solicitar de cualquiera de las Partes las explicaciones e informaciones que considere necesarias. (9)

 

El territorio afectado se correspondería con los actuales de Gaza, Cisjordania, Jordania, e Israel. La parte Jordana fue separada desde 1922 del Mandato sobre Palestina, al crear los británicos una entidad política considerada entonces semiautónoma, denominada Emirato de Transjordania. Si los investigadores de la comisión de investigación se trasladasen a los territorios de Cisjordania y Gaza para cerciorarse in situ sobre como afectó a la población palestina la resolución en prevaricato del 29 de septiembre de 1923, deberían de hacerlo también a los territorios de los actuales estados de Jordania e Israel. ¿Concedería en este caso el gobierno israelí permiso para que fuesen visitadas las comunidades palestinas residentes dentro del estado de Israel?..

 

Se trata de hilvanar una dinámica de presión y un proceso de actuación.

 

Si la parte demandada fuese Naciones Unidas como heredera de la Sociedad de Naciones, ¿cual habría de ser la parte demandante?

 

Notas

 

1. Sami Hadawi, “Palestine in focus”, 1968, Editado por el Centro Palestino de Investigaciones – “Palestina dossier del problema”,1972, editado en castellano por la Oficina de Información de la Liga de Estados Arabes 2. Declaración Balfour de 2 de noviembre de 1917 3. Recopilado por la Cátedra de Estudios Internacionales/Nazioarteko Ikasketen Cátedra Universidaddel País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea UPV-EHU 4. Legal Dictionary – The Free Dictionary 5. “Palestina, tierra de los mensajes divinos”, Roger Garaudy, Madrid, 1987 6. Cmd. 1700, The Paper of june 1922 (conocido como “The Churchil Memorandum”), cit. en A Survey of Palestine, Part. I, p. 87. 7. The Hogarth Message of January 1918, citado en Antonius, George: The Arab Awakening (London, Hamish Hamilton, 1938), p. 268. 8. Fuente: Wikipedia 9. CONVENCIÓN DE LA HAYA DE 1907 PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS INTERNACIONALES (Modificación de la Corte Permanente de Arbitraje de 1899)
Modificado por última vez en Sábado, 24 Noviembre 2012 17:46

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