BOLETÍN SOBRE DESPIDOS Y LUCHAS OBRERAS (3-2-2012)
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EL ALCALDE DE CHIPIONA SE QUEJA DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS EN LA HUELGA DE LIMPIEZA
Chipiona
Los trabajadores de la UTE, que secundan su cuarta jornada de paro laboral, aseguran estar cumpliendo las tareas básicas de recogida de basura en las calles. Los empleados del servicio volvieron a manifestarse por las calles de la localidad.
La huelga indefinida convocada por los trabajadores de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Chipiona, que presta los servicios de recogida de basura y limpieza viaria en el municipio, alcanza su cuarta jornada con evidentes repercusiones en la imagen y el estado de las calles. La basura está amontonada junto a contenedores
El alcalde, Antonio Peña, mostró su "descontento con los servicios mínimos que se plantearon previamente a la huelga, ya que no están cubriendo las necesidades básicas y son demasiado reducidos para un municipio como Chipiona". Por su parte, la plantilla aseguró estar cumpliendo con las tareas básicas requeridas, citando la recogida de desechos en los centros de salud, los colegios y la Plaza de Abastos.
El secretario del comité de empresa, Rafael Caraballo (UGT), manifestó que este paro laboral se fundamenta en dos reclamaciones del personal: el mantenimiento de los 72 puestos de trabajo actuales y el fin de los retrasos en los pagos salariales, recordando que en la actualidad todavía no han cobrado la nómina de diciembre.
El Gobierno municipal afirmó que sigue "buscando soluciones", precisando que el alcalde ha mantenido "un primer contacto" con la UTE, formada por FCC y Althenia, para "proponerle una importante reducción en el coste del servicio que respete en todo momento los puestos de trabajo".
El comité de empresa recibe como respuesta de la UTE que "no tiene liquidez porque el Ayuntamiento no le paga", mientras que el Consistorio "dice que no tiene dinero", una situación municipal que, en palabras de Caraballo, "imposibilita ahora el rescate del servicio, según nos ha comunidado el alcalde". El personal asevera que "apoyará la opción que sea con tal de mantener el empleo".
En otro orden de cosas, los 14 empleados de la planta de reciclaje de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, que está ubicada en Utrera y se encarga de la recogida selectiva de residuos en Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena, además de siete poblaciones sevillanas, harán una huelga indefinida a partir del 25 de enero por el impago de entre tres y cuatro nóminas, según los casos.
LA CIG ASUME UNA MULTA DE CASI 3.000 EUROS POR DAÑOS DURANTE LA HUELGA DE 2010
Pontevedra
Un centenar de sindicalistas se concentran ante el juzgado de A Parda donde se juzgaba a un delegado, acusado de causar daños en una sucursal bancaria de la Avenida de Vigo
Un delegado del sindicato CIG asumió una multa de 2.880 euros, como autor de un delito de daños, provocados en una entidad bancaria durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010. La fiscalía solicitaba en principio una sanción que ascendía a 6.000 euros o 10 meses de prisión por estos hechos, pero antes de celebrarse la vista oral, en el juzgado Penal 1 de Pontevedra, las partes llegaron a un acuerdo de conformidad. Así, el sindicalista asumía ser el autor de los daños en la sucursal de Novagalicia situada en la Avenida de Vigo, a la que arrojó piedras y restos de baldosas, según se indicaba en el escrito de acusación.
Antes de iniciarse la vista, un centenar de sindicalistas y delegados de CIG se concentraron ante los juzgados, para protestar contra la "represión" al derecho de huelga y la "persecución" a los representantes de los trabajadores. Al mismo tiempo, se llevó a cabo una suelta simbólica de globos de los que colgaba una cadena.
Bajo la consigna "Defendernos como clase es un derecho, no un delito", la central nacionalista pretendía denunciar la "represión policial y judicial que sufren muchos militantes" por su actividad sindical. A pesar de esta situación, un portavoz de CIG indicó que el sindicato "continuará al frente de la contestación social y de la movilización en la defensa de la clase obrera".
Acuerdo
El secretario nacional de CIG-Servizos, Paulo Rubido, que estuvo presente en la concentración de apoyo de Pontevedra, valoró el acuerdo alcanzado en este juzgado, consciente de que "dentro de las posibilidades legales que teníamos es una buena salida, toda vez que el ordenamiento jurídico español tipifica como delito lo que no es otra cosa que actividad sindical en defensa de los intereses de la clase trabajadora".
En este sentido, criticó la actitud de la judicatura, de las fuerzas policiales y de los subdelegados del Gobierno, a los que acusó de perseguir a los militantes de CIG por su conciencia combativa. "Mientras los responsables de la crisis económica continúan viviendo con total impunidad, vemos como se persigue la sindicalistas", censuró Rubido.
Al mismo tiempo se celebraba otra concentración en A Coruña, en apoyo a otro sindicalista acusado de hechos similares. El secretario xeral de CIG, Suso Seixo, calificó de "auténtico disparate" las peticiones de condena que se realizaron desde la fiscalía para estos dos sindicalistas. En concreto, para el acusado de A Coruña se pedía una pena de cuatro años de prisión por un "delito contra el derecho de los trabajadores", por haber participado en un piquete informativo, y una multa de 3.800 euros.
Para Seixo, situaciones como estas "dejan ver a las claras la existencia de unos sectores que tienen animadversión contra todo el relacionado con el movimiento sindical y siempre que tienen la oportunidad quieren imponer castigos ejemplares". Además, criticó la "diferente vara de medir" a la hora de aplicar las leyes, pues –explicó– el "código penal se aplica con un rigor excesivo en aquellos casos relacionados con el movimiento obrero, pero por el contrario cuando por parte de la patronal se vulneran los derechos de los trabajadores de manera reiterada no se actúa con la misma premura".
"Estamos ante un ejemplo muy claro de cómo se están utilizando ciertos estamentos del Estado, en este caso la Fiscalía, para atacar todo el relacionado con el movimiento obrero, mientras la patronal y el capital cometen todo tipo de fraudes", afirmó Seixo. Para el secretario xeral de CIG, estos juicios reflejan "el sentido de clase que tienen los responsables políticos: se gobierna a favor de los más fuertes y en perjuicio de los más débiles", aseveró.
Sobre esta cuestión, advirtió que, en el actual contexto "en el que se pretende culpabilizar de la crisis a la clase trabajadora, también se intentará utilizar la legislación para frenar cualquier respuesta a las políticas contra la mayoría social que están aplicando el poder económico y político".
DENUNCIAN 23 DESPIDOS DE NUEVO ARPEGIO, QUE LA COMUNIDAD ACHACA A FIN DE OBRA
EFE – Madrid
CC.OO. de Madrid ha denunciado el despido de 23 trabajadores de la empresa pública Nuevo Arpegio contratados en proyectos del Plan Prisma, mientras que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio justifica estas bajas laborales en la "finalización de contratos por obra".
En una nota, el sindicato critica que el Gobierno regional comience 2012 aplicando su Ley de Medidas Fiscales y Administrativas contra el personal de la Comunidad al despedir a 23 trabajadores de esta empresa pública encargada de realizar la gestión urbanística del suelo.
Asegura además que el vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, "ha decidido denunciar el convenio regulador vigente con (el plan) Prisma", lo que conlleva la paralización de numerosos proyectos en pleno desarrollo y el despido de ingenieros, auxiliares y técnicos que venían prestando sus servicios en las obras públicas.
CC.OO. sostiene que los 23 despidos se han producido bajo la "excusa" de la suspensión temporal de los proyectos.
Por su parte, un portavoz de la Consejería que dirige Ana Isabel Mariño ha explicado que estas bajas no obedecen a despidos sino a la "finalización de contratos por obra". Ha asegurado además que el Prisma asume "con su personal" la conclusión de sus obras, y que, en ningún caso, se paralizan sus proyectos.
LOS TRABAJADORES DE LA CITA PREVIA DEL DNI, A LA HUELGA EL 26 DE ENERO ANTE LOS DESPIDOS DE PERSONAL
Europa Press – Cuenca
Los trabajadores del servicio de Cita previa del DNI irán a la huelga el día 26 de enero, después de que la empresa adjudicataria de este servicio se haya negado a readmitir a ninguno de los despedidos, y vaya a despedir, la semana que viene, a otras 20 personas.
Según ha explicado el portavoz del Comité de Empresa, Pedro Ortega, a Europa Press, ante el fracaso de la mediación, convocarán un paro en este servicio, que atiende las llamadas de toda España.
Ortega ha reiterado que no entiende cómo la empresa SERVINFORM quiere prestar un servicio nacional con una plantilla que en un año se ha reducido en dos tercios.
Ortega ha remarcado que el servicio se presta para todo el país y se pregunta cómo con "menos de 35 personas, reducidas en turnos, más bajas, más reducciones de jornada vamos a cubrir el servicio para todo el Estado, que son muchas llamadas a lo largo del día".
Desde que SERVINFORM se hizo cargo de la cita previa del DNI, el número de trabajadores ha pasado de más de 90 a 35.
KUTXABANK CERRARÁ 38 OFICINAS SIN DESPIDOS
Bilbao
La crisis obliga a la entidad a deshacerse de sucursales que no aportan negocio, todas fuera de la CAV
El nuevo banco promueve programas de bajas voluntarias incentivadas, prejubilaciones y traslados
Un total de 35 sucursales de banca minorista y tres oficinas de empresas pertenecientes a las cajas vascas -ahora reconvertidas en Kutxabank- cerrarán sus puertas antes del 31 de marzo, según fuentes sindicales. Según ha podido saber DEIA, se trata de oficinas que se encuentran en los territorios de expansión de las entidades (fuera de la CAV) y que se encuentran, fruto de la crisis, en una complicada situación, aportando poco negocio al nuevo banco de las cajas. En cualquier caso, el cierre se producirá sin que se produzcan despidos, ya que el banco planteará a los trabajadores otro tipo de medidas "no traumáticas".
Según fuentes de CC.OO. "no habrá ni un solo despido" y es que en el contrato laboral que varios sindicatos firmaron con las tres cajas antes de la aprobación de la fusión se estipula que será así. Mario Fernández, presidente de la entidad, ya adelantó a los medios que habría cierre de oficinas, pero que esa decisión no supondría medidas traumáticas para los empleados. La entidad ha programado un programa de prejubilaciones y otro de bajas voluntarias incentivadas. Además, a las personas afectadas se les propondrá otro puesto de trabajo, lo que supondrá su traslado. ELA cuantificó ese traslado geográfico en 120 trabajadores.
En esas 38 oficinas trabajan actualmente 212 personas, pero ese cierre anunciado no afectará a la totalidad de los empleados, sino a aproximadamente la mitad, según ha conocido este periódico, ya que el resto serán colocados en oficinas cercanas. Es muy probable, según fuentes sindicales, que sean pocas las personas que se sumen a las bajas incentivadas en las próximas semanas. En el caso de las prejubilaciones, las mismas fuentes indicaron que, debido a la edad requerida, es factible que estas se den principalmente en la CAV, donde hay empleados que cumplen los requisitos.
Así, muchos de los trabajadores afectados de esas 38 oficinas serán trasladados, principalmente, a oficinas de la CAV, según los propios sindicatos. Ese traslado además, contará con las garantías del convenio de empresa del banco, "con las mejores compensaciones del sector para este tipo de casos", según las mismas fuentes. Así, los empleados que se vean afectados tendrán un plus anual por el traslado durante cuatro años y ayudas para la vivienda durante el mismo periodo de tiempo.
Repartidas Según fuentes del banco, se procederá al cierre de esas 35 oficinas de banca minorista, de las cuales siete llevan la marca de BBK, una de Vital y 27 a Kutxa. Por territorios, en Catalunya se cerrarán seis, tres entre la Comunidad Valenciana y Murcia, cinco en Madrid; once en Andalucía, y otras diez más repartidas entre Nafarroa, La Rioja, Asturias, Burgos, Aragón y Cantabria. Las tres sucursales de empresas que van a ser clausuradas están en Vigo, Sevilla y Granollers (Barcelona). Según el sindicato LAB, está previsto que el cierre se realice antes del 31 de marzo y los empleados afectados "conocerán su destino dentro de un mes".
Según conoció DEIA, esta reducción de la red de sucursales responde a la tendencia de cierre de oficinas que se está produciendo en el sector financiero. "Se abrieron oficinas en los últimos años del boom inmobiliario y, según ha caído el mercado de viviendas, muchas de esas oficinas ni son rentables ni tienen negocio. Son cierres que están a la orden del día del sector financiero", explicaron desde el banco recién creado.
En el caso de las oficinas con el logo de Kutxa que cerrarán sus puertas son 27 de un total de 35. Desde Kutxabank explican este alto número señalando que BBK empezó en 2009 a reducir el número de oficinas en la zona de expansión fruto de la crisis y la menor demanda. La caja guipuzcoana no abordó una reducción tan grande y por ello, ahora, son mayoría las sucursales de Kutxa que se van a cerrar en pocas semanas.
Convenio En cuanto a la recién constituida mesa de negociación del convenio, LAB y ELA criticaron que la empresa, CC.OO., ALE, Pixkanaka y GIV hayan "ignorado" su petición y la del sindicato Aspem de promover un convenio a nivel de Hego Euskal Herria, ya que "han acordado constituir mesa de negociación de convenio a nivel estatal", algo que va, a su juicio, "contra la voluntad de los trabajadores".
LA CIG PREVÉ MÁS DE 1.000 DESPIDOS EN EL NAVAL DE FERROL EL PRÓXIMO SEMESTRE POR LA FALTA DE CARGA DE TRABAJO EN LOS ASTILLEROS
Ferrol (A Coruña)
Un centenar de trabajadores se encerraron en el astillero el pasado diciembre
Navantia maneja un calendario para el cierre progresivo de talleres en 2012
Proponen radicalizar las protestas, previo consenso con las demás centrales
El 2012 ha comenzado en Ferrolterra con nuevas llamadas de atención sobre la situación del sector naval. Si CC.OO. aseguraba que su industria auxiliar pierde hasta 50 empleos cada semana, la CIG ha ido más allá, aventurando la posible pérdida de más de 1.000 puestos de trabajo hasta el verano por la falta de carga de trabajo.
El portavoz comarcal del sindicato y responsable de su sección en Navantia Ferrol, Manuel Grandal, ha afirmado que la actual problemática ya ha provocado que el grupo público maneje un calendario con fechas concretas para el cierre de algunos de sus talleres. Así, el área de Aceros del astillero de Fene cesará en su actividad en marzo y el departamento de Armamento podría hacer lo propio en junio. En Ferrol, el taller de Elaborado echaría el candado en abril, una medida que afectaría a unos 60 trabajadores, sin descuidar que las gradas quedarán vacías en julio y que Armamento también quedará sin trabajo en pleno verano.
Falta de actividad
El mes de febrero, según Grandal, las plantas públicas rozarán el 50% de subactividad en su sala técnica, mientras que en julio se pronostica un 30% de subactividad en la plantilla principal. Es decir, "en la mano de obra directa para la producción", con la consiguiente "lectura en la industria auxiliar". Los datos que obran en manos de la CIG indican que gran parte de los 2.300 puestos de trabajo que actualmente reporta el sector auxiliar están en peligro en Ferrol y Fene. La finalización de las construcciones pendientes dejaría únicamente con un mínimo índice de actividad a empresas de áreas como pintura, electricidad o electrónica para ultimar detalles en esas unidades.
Críticas a CCOO
El portavoz comarcal de la CIG ha censurado la visita de dirigentes de ámbito estatal de la central CCOO a Ferrol, al estimar que "algunos aterrizan como salvadores de la patria". "Vienen paracaidistas a confundir y a desmovilizar", ha dicho, añadiendo que "algunos quieren una Navantia grande y libre". De hecho, Grandal ha criticado que en su comparecencia pública no interviniese Ramiro González, ex presidente del comité intercentros de Navantia, actual responsable estatal del naval en CCOO y miembro del consejo de la compañía por designación sindical. En todo caso, ha admitido que "la CIG va a pelear con uñas y dientes por defender al naval" y que "no vamos a pasar por milongas", criticando la que definen como postura tibia de CC.OO. ante una "situación calamitosa".
Radicalizar las protestas
A su juicio, procede "movilizarse ya, de manera continuada y contundente", planteando de modo "urgente" que se "radicalicen las protestas" ante la falta de contratos, pero también ha llamado la atención sobre la posibilidad de que actúe al respecto al Plan Ferrol, ya que el dirigente cree que "tienen herramientas" para ello. Pese a los reproches hacia la central sindical mayoritaria, Manuel Grandal ha propuesto que se programen medidas de presión desde "la unidad de todos" y con "lealtad", partiendo de la premisa de que "tenemos que salvarnos nosotros mismos". Y en opinión de la CIG, la Xunta "también tiene un papel fundamental" en la resolución del conflicto.
Plan industrial
El portavoz nacionalista ha reconocido que no tiene "nada en contra de una sexta fragata", pero cree que la defensa de CCOO de los acuerdos del 2004 que permitieron una regulación de empleo en base a la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea supone una "hipocresía".
A su entender, esos pactos permitieron "condenar a la comarca a la construcción militar", estimando que sólo cabe un plan industrial: "Carga de trabajo". Ha reiterado la necesidad de propiciar un "gran esfuerzo por el dique flotante", pero también ve "necesario y obligatorio dar la batalla por el levantamiento del veto" que pesa sobre la construcción civil en Navantia Fene.
EL PERSONAL MUNICIPAL DE UMBRETE CONVOCA 2 DÍAS DE HUELGA CONTRA LOS DESPIDOS
El alcalde insiste en que hay que recortar en más de 35.000 euros al mes los gastos en nóminas, haya o no acuerdo con el comité de empresa, con el que se volverá a reunir
Umbrete ha sido el último Ayuntamiento de la provincia en el que la necesidad de llevar a cabo ajustes en la plantilla por la caída de ingresos ha estallado en un conflicto laboral. Tras varios meses de reuniones sin acuerdo entre el gobierno local del alcalde Joaquín Fernández Garro (PSOE) y el comité de empresa, éste ha convocado dos jornadas de huelga -para el 31 de enero y el 2 de febrero-. También anuncia concentraciones de protesta, después de que, por el momento, el regidor haya comunicado a tres personas su despido y haya propuesto a otras cinco la suspensión temporal de sus contratos.
Según el propio Fernández Garro, las circunstancias hacen que sea necesario reducir en más de 35.000 euros al mes los gastos en el capítulo 1, el de personal, con una plantilla de 85 laborales y 20 funcionarios, incluida la Policía Local, en un municipio de algo más de 8.100 vecinos.
A pesar de que estas rescisiones o suspensiones de contrato se han comunicado ya verbalmente a los afectados -todas mujeres, se lamenta el comité-, el edil anunció que la semana que viene intentará hablar de nuevo con los representantes de los trabajadores y llegar a un acuerdo. Pero dejó claro que la reducción de plantilla no tiene vuelta atrás y que debe ejecutarse ya para no poner en peligro el pago de las nóminas, que podría retrasarse ya en este mes de enero.
Una de las cuestiones que el comité de empresa reprocha a Fernández Garro es el no haber considerado la propuesta que le hicieron de llevar a cabo prejubilaciones parciales gratificadas, excedencias voluntarias y de tomar "prestadas" las cinco pagas extra al año que ahora cobra el personal, para que el Consistorio las abone más adelante, cuando la situación económica mejore.
El alcalde asegura que esta medida no sirve: "No estamos en un escenario de préstamos, sino de ahorro", destacó, y recordó que hace ya dos años que se le planteó al comité, basándose en un plan de saneamiento del Opaef, la necesidad de estos recortes y cuanto antes para no comprometer las nóminas. Se llegó a plantear la reducción de una hora para todo el personal y, según el comité, al menos ocho despidos, como alternativa a dejar fuera a entre 30 ó 40 personas. UGT y CCOO pidieron que se les justificara económicamente la decisión, pero aseguran que no se hizo.
"Si no hay acuerdo, vamos a llevar a cabo despidos y, dentro de los márgenes que marca la ley, intentar llegar a acuerdo con los trabajadores. Son puestos de trabajo, hoy, prescindibles", insistió el alcalde, que recordó que en la empresa municipal ya se han dejado de realizar contrataciones -por unos 22.000 euros al mes- para el personal de limpieza viaria y de edificios, que se cubre ahora con trabajadores de Obras y Servicios. El personal de Umbrete no puede ser "inmune" a una situación que afecta a todo el mundo, apostilló.
PIDEN 4 AÑOS PARA UN SINDICALISTA POR UNA AGRESIÓN EN UNA HUELGA
A Coruña
Lo acusan de agredir a un trabajador y causar daños en las instalaciones de la piscina de A Barcala.
El miembro de CIG Adolfo Naya ocupó el banquillo de los acusados para responder por un delito contra el derecho de los trabajadores por el que el fiscal pide que sea condenado a cuatro años de prisión. Lo acusan de agredir a un trabajador y causar daños en las instalaciones de la piscina de A Barcala (Cambre) cuando actuaba como piquete informativo en una huelga del sector en enero del 2010. El procesado negó los hechos. No solo eso, aseguró que aquel 19 de enero se ocupó de «chamar á calma» a sus compañeros después de que un trabajador sacara una cámara para hacerles fotos cuando se encontraban en el exterior para convencerlos de la necesidad de que secundaran el paro. Defendido por Mariluz Canal, dijo que en ningún momento llegó a entrar en las instalaciones, que siempre estuvo fuera pacíficamente.
El trabajador supuestamente agredido relató los hechos de forma muy distinta. Recordó que aquella mañana vio cómo el procesado perseguía al compañero que había sacado la cámara y él lo agarró. «Entonces se dio la vuelta, me cogió por la chaqueta y me exigió que le dijese dónde estaba el que hacía fotos. Luego cogió un extintor y lo tiró al suelo», declaró.
FIN DE SEMANA DE HUELGA POR LOS DESPIDOS ANUNCIADOS EN LOS CINES YELMO DE MADRID
Los empleados consiguieron frenar los despidos hace dos meses. La empresa pretende recortar gastos por las pérdidas ocasionadas tras el fracaso de su experimento online conocido con el nombre de Youzee.
El colectivo de trabajadores de la empresa exhibidora Yelmo Cines ha organizado una serie de paros para los próximos días 21 y 22 de enero, a las 17:00 horas frente a las puertas de madrileño cine Ideal (C/ Doctor Cortezo, 6).
Estas movilizaciones vienen motivadas por los despidos "improcedentes" a los que se han visto sometidos los operadores de cabina de la región de Madrid, alegando para ello que son prescindibles debido al cambio tecnológico (incorporación de técnicas digitales). De esta manera, la empresa pretende eliminar esta categoría laboral y que su labor sea ejercida por otros empleados no cualificados (gerentes o subgerentes). Este es el primer despido masivo e "injustificado", aunque parece que no va a ser el último ya que los operadores de las restantes provincias de España podrían correr la misma suerte en fechas próximas.
Con esta medida la empresa Yelmo pretende recortar gastos para sufragar, a su vez, las pérdidas ocasionadas por su filial Youzee (un video club online). Este proyecto fue puesto en marcha por Fernando Évole -consejero delegado de la compañía e hijo del fundador de Yelmo Cines en España- y la inversión inicial de 1 millón de euros que supuso no ha generado el beneficio esperado. Por su parte, el Comité que representa a los trabajadores denuncia que mientras que Yelmo ha generado en 2011 un beneficio de 4 millones de euros, la filial acumula pérdidas. Por ello, con el objetivo de compensar este desequilibrio la solución pasa por despedir personal, siendo los operadores de cabina las primeras víctimas.
Los profesionales de este sector consideran que el trato recibido no ha sido justo y atropella descaradamente todos los derechos adquiridos durante los últimos años. De hecho, hace dos meses ya intentaron eliminar esta categoría del convenio pero las movilizaciones producidas en Madrid impidieron esta maniobra. Por tanto, unos meses después de la firma del nuevo convenio éste ha quedado en papel mojado.
Ante esta situación, los afectados y demás trabajadores de la empresa llaman a la ciudadanía a participar de estas movilizaciones con el propósito de lograr la readmisión de los operarios y evitar situaciones similares en el futuro.
LA CÁMARA DE COMERCIO PRESENTA UN ERE CON ONCE DESPIDOS Y REDUCCIÓN DE SALARIOS
El expediente, pactado entre la institución y los trabajadores, sólo prescinde de una cuarta parte de la plantilla prevista en el anterior mandato
La Cámara de Comercio de Gijón remitió a la Consejería de Trabajo del Principado el expediente de regulación de empleo (ERE) que pactó con el comité de empresa con el objetivo de hacer frente a la difícil situación económica por la que atraviesa la entidad. El ERE contempla 11 despidos y una reducción de salarios y otros derechos de los trabajadores.
El ERE que ha negociado el equipo de Félix Baragaño con el comité de empresa reduce a una cuarta parte los despidos previstos en el plan de viabilidad encargado por el anterior presidente cameral, Luis Arias de Velasco, que contemplaba el despido de 44 trabajadores, además de la reducción de salarios a los restantes.
Baragaño se opuso en su día a ese plan, al considerar excesivo el recorte de personal. El ajuste de plantilla era, no obstante, inevitable después de que el Gobierno central hubiera eliminado la obligación de las empresas a pagar una cuota en función de sus beneficios a la Cámara de Comercio de su demarcación.
El ERE que ahora se ha pactado incluye una indemnización de 25 días por año trabajado (cinco más que el mínimo legal) con el tope de una anualidad para los 11 empleados de los que se va a prescindir.
En plantilla quedarán otras 65 personas (incluyendo nueve trabajadores fijos discontinuos). Para reducir al máximo el número de despidos, el personal que permanece verá reducido su poder adquisitivo este año. Por un lado, en 2012 no se aplicará actualización a sus salarios, también se rebajará a la mitad la paga extraordinaria que perciben en febrero, se reducirá el complemento personal que perciben en distintas cuantías en función de su puesto y categoría y, por último, la Cámara suprimirá las aportaciones que hacía para que los trabajadores disfrutaran de un seguro médico privado.
El acuerdo que se presentó el miércoles en el Principado, ya ha sido ratificado por la asamblea de trabajadores. El plan de viabilidad que ha elaborado el equipo de Félix Baragaño para reflotar la Cámara de Comercio de Gijón contempla la reducción de casi un 19% de los gastos de la entidad en 2012, incluyendo la masa salarial, eliminación de subcontratas y eliminación del coche oficial.
RESTI PLANTEA BAJAR A 67 LOS DESPIDOS
En la reunión de empresa y sindicatos no acercaron posturas
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Empresa y sindicatos se reunieron para abordar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la cárnica Resti Sánchez presentó a inicios de año y que incluía el despido de 85 trabajadores, más de un 60% de su plantilla, compuesta por 136 empleados.
En este encuentro la empresa redujo a 67 la cifra de contratos a extinguir, 50 de ellos en su fábrica de Alcuéscar y los restantes 17 en la de Mérida. De esta forma, quedan fuera de la medida sus centros de trabajo en Cornellá de Llobregat, Alcorcón y Sevilla, que en la documentación inicial sí se veían afectados. Esto, a su vez, posibilitará que sea la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura la que dictamine sobre este expediente, que en un principio se había presentado en Madrid.
Raquel López, secretaria general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT (Fitag) Extremadura, atribuyó la reducción en el número de los despidos a que de no haber sido excluidas las instalaciones ubicadas fuera de la comunidad autónoma "el expediente podría haber sido impugnado", ya que estos trabajadores "no fueron avisados" de su presentación, por lo que tampoco estaban representados en la mesa de negociaciones.
Esta dirigente sindical indicó que en la reunión de no se produjo acercamiento alguno entre las partes. En este sentido, señaló que la empresa seguía planteando únicamente 20 días por año trabajado de indemnización para los despedidos --frente a los 30 días con un máximo de 24 mensualidades que solicitaron los sindicatos-- y negándose a "presentar un plan de viabilidad serio, que garantice el futuro de la empresa".
Igualmente, incidió en que lo que se busca con este ERE es "eliminar la unidad productiva de la compañía y convertirla en una comercializadora pura y dura", algo a lo que mostró su total oposición, al tiempo que criticó que "estén intentando quitarse de en medio a los trabajadores que más tiempo llevan trabajando en la empresa".
Finalizó el ERE temporal de seis meses que Resti había presentado para 50 de sus trabajadores. López volvió a exigir que, en lugar de recurrir a despidos, se mantenga esta medida suspensiva hasta que se aclare el futuro financiero de la empresa.
LA PLANTILLA DE HP SE MOVILIZA POR LOS DESPIDOS
Zaragoza Trabajadores de HP Outsourcing y HP Consultoría y Aplicaciones en Zaragoza se concentraron en la planta del polígono El Pilar de la avenida Cataluña para protestar contra los 3 despidos que acaba de realizar la compañía, en la que trabajan unas 800 personas.
Según denuncian los sindicatos, el conflicto se ha cobrado un centenar de despidos en toda España y amenaza con reducir la plantilla hasta niveles "dramáticos en un contexto de ingentes beneficios para la empresa". Los comités han convocado paros parciales en señal de protesta.
