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Fortuño, quien preside el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), aprovechó su último discurso en este cuatrienio sobre la situación del Estado ante la Asamblea Legislativa para instar al pueblo puertorriqueño a participar masivamente en el plebiscito de estatus del próximo 6 de noviembre, conjuntamente con las elecciones generales.
"Por años hemos debatido qué tipo de relación queremos tener con la nación de la que somos ciudadanos", dijo el gobernante.

Reconoció que "este debate ha dividido a la familia puertorriqueña y sigue siendo un obstáculo a nuestro progreso".

Advirtió al pueblo que es hora de resolver la situación de subordinación en que se encuentra esta isla del Caribe, invadida por Estados Unidos en 1898.

"Nadie puede estar satisfecho con ser un territorio", aseguró antes de recalcar que Puerto Rico lleva "años esperando porque sus hijos abracemos una alternativa digna y permanente".

Fortuño convocó a un plebiscito de estatus en noviembre próximo, en el cual el pueblo tendrá la oportunidad de decidir si quiere mantener la actual relación de Estado Libre Asociado (ELA).

Los electores decidirán en una segunda pregunta si prefieren la anexión total a Estados Unidos, la independencia o un Estado libre asociado soberano.

En un sorpresivo giro, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), senador Alejandro García Padilla, decidió llamar a sus seguidores a votar Sí para que se mantenga el actual estatuto colonial y dejar en blanco la boleta en lo referente a las tres opciones planteadas.

Durante su mensaje de la situación del Estado, Fortuño planteó la celebración de otra consulta para enmendar la constitución puertorriqueña para que los jueces tengan la discreción de imponer o denegar la fianza a un acusado de asesinato con intención, acecho o premeditación.

La constitución puertorriqueña establece la fianza como un derecho y ya en 1994 el entonces gobernador Pedro Rosselló intentó enmendarla mediante la realización de una consulta y terminó mordiendo la derrota.

Fortuño aclaró que en la enmienda que propone se mantiene el derecho a la fianza, excepto que se limita en asesinatos con intención, acecho o premeditación, en cuyo caso el juez tendría la discreción de concederla o denegarla, al igual que ocurre en el tribunal federal de Estados Unidos en Puerto Rico.