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Fuente: Revista Domingo/El Universal 

La comandancia de policía está vacía. La primaria y la secundaria están cerradas desde hace más de dos años. Aquí sólo está abierto el internado rural indígena Vasco de Quiroga, que atiende un grupo de monjas de forma gratuita. En la parte trasera del internado permanece un taxi destartalado, ya sin llantas. Su parabrisas delantero tiene once impactos de bala, el trasero está hecho pedazos. En sus puertas hay un logotipo azul con las siglas “UBISORT” (Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui), uno de los tres grupos políticos que se disputan el control de esta región desde hace media década. El auto sirvió de carroza funeraria para su víctima, el señor Roberto García, integrante de la escisión de UBISORT que acudiría al acto de presentación pública del Municipio Autónomo de San Juan Copala, realizado en este lugar el 20 de enero de 2007. Lo emboscaron un día antes.

Copala parece un pueblo fantasma. En esta pequeña comunidad triqui enclavada en la sierra mixteca, a seis horas en auto de la ciudad de Oaxaca, cerca de la mitad de sus 200 viviendas están vacías. Algunas casas las abandonaron sus dueños, huyeron de la marginación y pobreza y migraron para siempre. Otras, unas 60, son de personas que sufrieron migración forzada por la violencia desatada tras la creación del Municipio Autónomo de San Juan Copala, aquel dramático 2007. El saldo: una treintena de ejecuciones, emboscadas, violaciones sexuales.

Una monja octagenaria abre las puertas del internado Vasco de Quiroga. Es una escuelita modesta y limpia de una sola planta, con un patio central. Sólo hay dos niñas, el resto de los infantes pasó el fin de semana con sus familias. La monja es menuda, de rostro bondadoso y caminar pausado. Nos conduce al fotógrafo Luis Cortés y a mí al comedor escolar ubicado al cruzar el patio. Una decena de mesas de madera con bancas están en penumbra. Durante el cerco paramilitar que Copala vivió en 2009 y 2010 se sellaron las ventanas del comedor con tabiques sobrepuestos a modo de escudos de protección contra las balaceras. De paso ocultan de la vista al auto funesto, dejado al lado de la ventana.

La religiosa se rehúsa a darnos entrevista. Desde el desplazamiento forzado sufrido la población de los alumnos regulares se redujo de 180 a 120. La de los niños internados de 100 a 40. Ella prefiere servirnos una taza de un suculento atole de arroz. La sazón monacal indiscutible. Finalmente acepta charlar del asedio paramilitar vivido pero sin precisar nombres o grupos. Al pueblo le cortaron la luz y el agua potable. Las monjas salían por víveres esporádicamente y debían cruzar retenes paramilitares. Ella cuenta que seis monjas cuidaron a 38 niños durante los nueve meses que duró el cerco. Los tuvieron encerrados. Las balaceras se escuchaban “mañana, tarde y noche”. Cuando arreciaban todos debían tirarse al piso. Los niños lloraban, gritaban. Ellas los consolaban. Rezaban y rezaban.

—A partir de ahí los niños ya no aprenden ni quieren estudiar, están como en la luna —menea la olla con  atole—. Oyen un ruido, un cohete, y se espantan.

Si bien en la zona triqui dos organizaciones ya estaban en conflicto desde hace casi dos décadas, la UBISORT, ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el opositor Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), escisiones de ambas en Copala se unieron en 2006 para crear el Municipio Autónomo. Era la primera experiencia de soberanía comunitaria posterior a la declarada por las comunidades zapatistas en 2003, luego del rechazo legislativo de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 2001. En el caso zapatista, sus militantes rompieron toda relación con el Estado y crearon sus propias formas de gobierno, impartición de justicia y programas de educación y salud. La apuesta de Copala, en cambio, manifestaba que al declararse autónomo rompería con el control político de UBISORT y MULT para obtener el derecho a recibir presupuesto público de forma directa.

Copala abría la brecha a otras experiencias autonómicas en México, cada una con sus particularidades. Se trata de comunidades indígenas que se organizan de forma independiente, a veces creando estructuras de autodefensa, para enfrentar vacíos de poder y de impartición de justicia ante hechos de violencia, corrupción, el despojo de tierras o la devastación de sus recursos naturales. Así sucede con Cherán, Michoacán, que combate la tala clandestina de grupos de talamontes; con Ostula, Michoacán, que lucha contra el despojo de su territorio por parte de terratenientes locales, o con pueblos aislados de la Montaña de Guerrero, que desde hace 17 años crearon su policía comunitaria con los mismos pobladores para garantizar la seguridad.

Sin embargo, el caso de Copala es el más complejo y arrastra un conflicto regional histórico de violencia caciquil, militar y paramilitar contra las comunidades triquis. “Tenemos 350 muertos”, dice Rufino Merino, líder del MULT, fundado en 1981. “De 137 mujeres comerciantes de UBISORT en Juxtlahuaca, 90 son viudas”, apunta Rosa Martínez, líder femenina de la organización creada en 1994. Estas dos organizaciones y la reciente escisión del MULT, llamada Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I), se acusan entre sí de los saldos de sangre en su contra.

Pero en Copala la confrontación se enciende. Las tres organizaciones se incriminan de ejecutar asesinatos, ataques y migraciones forzadas durante la creación y funcionamiento del Municipio Autónomo. El UBISORT, no obstante, reporta saldo blanco. El MULT denuncia 14 casos de expulsión, una violación sexual y media decena de muertes, algunas también reivindicadas por el MULT-I. Los autónomos y el MULT-I manifiestan el desplazamiento forzado de más de 600 personas, 27 muertos, dos violaciones sexuales, un cerco de nueve meses en su contra y dos caravanas humanitarias para romper el cerco emboscadas (en una de las cuales se asesinó a la activista Beatriz Cariño y al finlandés Jiry Jakkola, mientras en la otra se mató a tres militantes autónomos).

Los sucesos tuvieron impacto internacional: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió a 135 personas desplazadas como beneficiarias de medidas cautelares porque acreditaron ataques y amenazas en su contra, y pidió al Estado mexicano que les dé protección y asegure su retorno porque su integridad está en riesgo. Más del centenar son mujeres y niños. Están por regresar a Copala en medio de un clima de encono. “Hacemos responsable al gobierno estatal de lo que nos pase”, expresa Reyna Martínez, la vocera del Municipio Autónomo. Su ejercicio autonómico, sobra decirlo, ha sido prácticamente sofocado.

La soberanía suprimida
La agencia municipal de San Juan Copala y las otras 31 agencias municipales triquis, donde viven alrededor de 25 mil indígenas, forman una especie de islote en plena región montañosa. Todas integraban una sola cabecera municipal, es decir, se gobernaban a sí mismas. Pero en 1948 se les despojó de esa facultad, las dividieron y circunscribieron a tres cabeceras municipales mestizas: Juxtlahuaca, Constancia del Rosario y Putla. Desde entonces el pueblo triqui exige que los restablezcan como un solo municipio porque consideran que los discriminan en el ejercicio del poder y en la distribución del presupuesto. Copala quedó adscrita a Juxtlahuaca, a 40 minutos de distancia. Hasta allá se debe viajar para acceder a una conexión telefónica o de internet.

Para entender el conflicto en Copala se debe conocer su posición geográfica y religiosa. A Copala se llega por la carretera estatal que conecta los municipios de Tlaxiaco con Juxtlahuaca. Por esa carretera uno arriba a la población de La Sabana, capital de UBISORT, y debe descender 4 kilómetros por un camino de terracería maltrecho para desembocar en un valle en el que sobresale la iglesia recién pintada y la agencia municipal, circundados por un puñado de viviendas. Si uno prosigue por ese camino de terracería, asciende de nuevo a la parte montañosa donde kilómetros más adelante está el pueblo de Rastrojo, capital del MULT. 

No es de extrañar que antes de 2006 Copala estuviera dividida: la parte norte era de UBISORT y la parte sur la dominaba el MULT. Los ataques entre éstos  bandos eran frecuentes. Copala, además, es la sede del centro ceremonial triqui, una pequeña capilla en obra negra edificada a la orilla de un río al que peregrinan indígenas locales y migrantes durante Semana Santa para pedirle a Tata Chú, o Padre Jesús, una casa, trabajo o prosperidad económica. Quien gobierna Copala, se empodera en la región triqui.
Si bien las agencias se gobiernan por un sistema de usos y costumbres, en Copala militantes del MULT y UBISORT se insurreccionaron contra sus líderes y denunciaron imposiciones, cobros de multas si no acudían a sus eventos políticos, castigos y asesinatos a detractores, y el desvío de presupuesto público. MULT y UBISORT lo negaron. El conflicto quedó atravesado por el movimiento magisterial de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que reprimió el gobierno priista de Ulises Ruíz y se radicalizó en la capital oaxaqueña en 2006. El MULT y UBISORT no lo apoyaron. El MULT-I sí lo hizo. El mismo 2006 brotó en Copala el proceso de conformación del Municipio Autónomo. En asamblea comunitaria, el consejo de ancianos y el grupo de mayordomos eligieron a su primer presidente.

La vocera del Municipio Autónomo explica: “Cuando Copala se declaró como Municipio Autónomo consideramos que ya no íbamos a estar bajo las órdenes de los lideres y del gobierno”. Los copaltecos que siguieron en el MULT y UBISORT lo rechazaron y la violencia arreció.

Neutralidad copalteca

Esa tarde grisácea de fines de enero del 2012 un centenar y medio de triquis espera impaciente al agente municipal Julio Martínez en el camino de terracería que sube de Copala a La Sabana. Martínez es la autoridad oficial reconocida por el gobierno estatal. Se había ausentado de Copala para participar en la firma del Acuerdo de Paz para la región triqui que el gobernador Gabino Cué signó en la capital oaxaqueña con 27 de los 32 agentes municipales triquis, la mayoría militantes del MULT y UBISORT, todos con sus bastones de mando. En los hechos el acuerdo se traducirá en inversión pública para esas agencias. No asistieron los cinco agentes municipales que apoyan al grupo autónomo desplazado de Copala. En el evento el gobernador dispuso que a su lado se sentara Martínez, padre de Julio César Martínez, a quien el Municipio Autónomo acusa de ser uno de los atacantes de la caravana en la que se ejecutó a Cariño y Jakkola. El hombre moreno de talla pequeña posee rasgos afilados y trato sosiego. En una charla que tuvimos tras el evento oficial, negó que su hijo sea asesino: “Mi hijo no es culpable, porque desde pequeño se inclinó al estudio y es el número uno en basquetbol de Copala”.

La tarde enfría. La multitud apostada en la curva del camino está inquieta. Las noticias siempre tardan en llegar a Copala por la ausencia de señal telefónica en la zona. Hombres con radio se comunican entre sí. El profesor aparece, con su asistente, bajando por la ladera. Debió caminar un par de horas por el cerro para sortear el bloqueo carretero del MULT-I hecho en protesta porque a su vez un bloqueo policiaco detuvo el paso de la caravana de 200 mujeres e infantes desplazados que se dirigían a Copala. Detrás quedaba el platón de 17 meses hecho por el grupo autónomo en los portales del Palacio de Gobierno de Oaxaca y 23 mesas de diálogo con las autoridades para ver sus condiciones de retorno. Fijaron el 20 de enero como fecha del regreso, pero nada pasó. Indignado, el grupo empacó sus pertenencias y en camiones y camionetas recorría  el trayecto al territorio triqui hasta que policías impidieron su paso en Tlaxiaco.

Una mujer le expresa al agente: “Pensamos que lo habían secuestrado”. Lentamente el gentío se alarga y desciende hasta la agencia municipal. De lejos se ve como un río color rojo cereza, pues la mayoría son mujeres que visten el huipil tradicional hecho en telar de cintura. Tardan de seis meses a un año en tejerlo. En el islote triqui gran parte de sus pobladores son mujeres. Los hombres migraron. O los mataron. Martínez realiza una asamblea informativa. Toma el altavoz y reporta en triqui ante unas 120 mujeres, la mayoría sin dominio del español, y una treintena de hombres, lo acontecido con el gobernador. Cuando termina de hablar, me acerco a él y le solicito que pregunte a la asamblea que alcen la mano quienes quieren que regrese el grupo desplazado. 

Dos terceras partes de las mujeres alzan la mano. Una anciana se pone de pie. La mitad de los hombres levantan sus manos. Luego pido que pregunte cuántas viudas hay por razones de violencia entre las organizaciones. Cuatro, cinco manos se alzan.
En una asamblea similar, semanas antes, se fijaron las condiciones para el regreso de los desplazados a Copala, estos las consideraron arbitrarias. Martínez las dio a conocer en el acto con el gobernador: el retorno se daría a partir del 20 de marzo, después de la fiesta de Tata Chú, sólo una familia ingresaría al pueblo cada quince días y debería firmar una carta compromiso para ceñirse “a los usos y costumbres que defina la asamblea del pueblo”. 

Terminada la asamblea de la tarde grisácea, me acerco a las mujeres. Algunas se quejan del grupo exiliado. “Se robaron todo lo de mi casa y se llevaron mi coche nuevo”, dice una. Una anciana monolingüe muestra un rozón de bala en una pierna. Otra anciana se toca la cabeza. Pido al agente que me permita caminar por Copala. Él y un grupo de mujeres encabezan el recorrido. Me muestran cómo en tejavanes, portones de metal y la parte superior de los muros altos del mercado se aprecian perforaciones de balazos. 
Parece que los disparos se hicieron a distancia, desde los cerros que bordean al pueblo. “¿Quién hizo los tiroteos?”, les pregunto. “Quién sabe”, dice una de ellas. “Pues ellos mismos, los autónomos”, dice otra.

Una señora pide que vayamos a ver su casa. Aunque la vivienda es de cemento, está desplomada. Le demolieron los castillos y el techo se vino abajo. Una mujer explica que en 2006, cuando el agente municipal José Ramírez todavía no asumía como el primer presidente municipal autónomo,  dio instrucciones de derrumbar la casa porque el esposo de la señora era un maestro rural que no quiso sumarse a la APPO “y la destruyeron”.

Otra mujer de nombre Juana expresa que en 2006 los autónomos le robaron material de construcción de su casa. Se dice vecina de Reyna Martínez. Su actitud es enérgica y habla perfecto español. Me muestra cómo la vivienda de su adversaria está sin daño alguno. “Esa es la casa, está bien cerrada”. Luego rechaza las denuncias de los desplazados de saqueo e incendio de sus casas. “Si ellos quieren venir que vengan, si Reyna quiere venir que venga, pero que venga en paz, así como estamos nosotros porque no nos gustaría volver a tener problemas”, expresa la mujer con aire retador. 

Finaliza el recorrido. Caminamos de nuevo hacia la agencia municipal. Le pregunto a Martínez que si la agencia está con el MULT o con UBISORT. “Con nadie, es neutral”, hace un gesto de negativa con ambas manos. Sin embargo en la breve entrevista realizada un día antes manifestó su adversidad al MULT-I: “Esas gentes desplazadas eran gentes pacificas pero se alinearon con el grupo MULT-I que es paramilitar, portaban rifles de alto poder a la vista de todos, y casi toda la gente de nosotros no portaba nada de armas”. Igualmente negó la migración forzada del Municipio Autónomo: “Todo eso es mentira, ellos se salieron voluntariamente y desde ese coraje dicen que se es paramilitar”. Y que dos desplazadas denunciaran violaciones sexuales: “Mis gentes no tienen esa mentalidad de violar a la mujer”.

Martínez está convencido de que hermanará a la población: “Vamos a tapar ese rencor, vamos a conseguir la paz en Copala”. Al entrar al patio de la agencia municipal, pasamos al lado de una maquinaria pesada de construcción, un trascabo moderno. 
—¿Y esa maquinaria?
—Nos la dio Ulises Ruiz.

Ulises Ruiz culminó su mandato el 30 de noviembre de 2010, en medio de una cascada de acusaciones de corrupción, apoyo a grupos paramilitares, asesinatos y violaciones a los derechos humanos. Se fue mes y medio después de que el Municipio Autónomo denunciara que se realizaba la “ofensiva final” del sitio en su contra en Copala.

La capital de UBISORT

El PRI creó a UBISORT en 1994, tras la rebelión zapatista, para aminorar la influencia opositora del MULT en la zona, escribió el investigador Francisco López Bárcenas en su libro San Juan Copala, dominación política y resistencia popular. El MULT culpa a UBISORT de 27 ejecuciones ocurridas entre 2004 y 2008. MULT-I lo señala como copartícipe del asedio a Copala, de las emboscadas contra las caravanas, y de bloquear el paso de una caravana más en la que participaban legisladores federales que llevaban ayuda humanitaria a Copala. 

Se dice que UBISORT está debilitado por la aprehensión de su principal líder, Rufino Juárez, ocurrida el 12 de mayo de 2011. Lo acusan de dos asesinatos. La dirigente Rosa Martínez fija su postura: “Él no le ha hecho daño a ninguna persona, pero la gente del MULT y del MULT-I nomás le están echando la culpa”. También se dice que UBISORT minó su presencia porque al salir Ulises Ruiz el PRI dejó el poder y cesó su financiamiento y cobertura impune. 

La Sabana, como dije, es la capital de UBISORT.  Debe su nombre a las laderas secas, rodeadas de pinos, que limitan al pueblo. Durante una entrevista a militantes del MULT en Juxtlahuaca, ellos recomendaron no trasladarnos al pueblo en un vehículo particular sino en taxi. No fue fácil hacerlo. “Son pocos los taxistas que van a La Sabana porque los han secuestrado”, nos advirtieron. Finalmente un contacto consiguió un taxista para ir en busca de Ramiro Domínguez, el sucesor de Juárez. Ambos se unieron al Municipio Autónomo al principio, pero luego se convirtieron en sus adversarios. 

La primera vez que entramos al poblado, una tarde soleada, no encontramos ni un alma. El contacto, con cierto temor, descendió del vehículo y tocó en la casa gris de Domínguez. Esperamos en el taxi. Nada. Ya de salida del pueblo vio a la esposa del susodicho. “La señora me dijo que anda tomando por allá arriba”. No nos ayudó la referencia. Nos retiramos. 

Al día siguiente, durante la firma del Acuerdo de Paz en la capital oaxaqueña, contacté a Alfonso de Jesús Ramírez, el nuevo agente municipal de La Sabana. Le solicité una entrevista en el pueblo. Aceptó con recelo. En el evento la UBISORT circuló un comunicado,  en el que expresaba: “…han pasado muchos tiempos de violencia y tiempos de odio, ha llegado el momento de repuntar el desarrollo económico, social y cultural en la región triqui, basado en la premisa de construir la paz y armonía”. 

La segunda vez que visitamos La Sabana, nos aventuramos a ir por nuestra cuenta. Para entonces la caravana de desplazados logró que el gobierno estatal levantara el bloqueo policiaco en Tlaxiaco para arribar a Yosoyuxi, agencia municipal simpatizante a su causa, cercana a Copala. Desde Yosoyuxi arrancaba una marcha por la carretera estatal hacia los linderos de La Sabana, para bajar por el camino de terracería a Copala y tomar posesión de sus viviendas, en protesta por la fecha fijada para su retorno: 20 de marzo. Otro bloqueo policial frustró sus planes. En el  camino de terracería había un hombre con binoculares vislumbrando la marcha. Otro vigía a bordo de un taxi bajaba y subía de La Sabana a Copala. En el cuartel de policía abandonado a las afueras de Copala, un grupo de hombres vigilaba el horizonte carretero.  

Entrevisté al agente municipal en una casa de La Sabana en la que se celebraría una boda triqui. Él y sus hombres comían un caldo de res caliente, de apariencia picante. El agente es un migrante que por decisión de la asamblea regresó del norte para asumir el cargo. Son los usos y costumbres. Él no estuvo en los hechos del 2009 y 2010. Es parco. Rechazó que UBISORT estuviera armada: “Aquí lo que usamos es el puro machete para limpiar monte”. También negó la participación de su pueblo en el sitio contra el Municipio Autónomo: “La información se distorsionó, la verdad no sabemos qué grupos se pelearon”. Ignoraba la creación del Municipio Autónomo: “No sé nada”. Inquirí entonces sobre Domínguez. “Ese quién sabe dónde anda”, dijo un hombre a su lado.

La tercera vez que fuimos a La Sabana un mediodía, encontramos a una docena de hombres sentados en los portales de la agencia municipal. Bebían cerveza.

—¿Saben dónde puedo encontrar a Domínguez? —pregunté tras saludar.
—¡A ese no lo va a encontrar! —respondió un hombre bigotón  con un tono que daba por zanjada la conversación.
Los hombres voltearon a vernos. El silencio forzó nuestra retirada. Días después, ya fuera de la zona, constaté en una fotografía de la revista Contralínea que ese bigotón y cejudo era Ramiro Domínguez.

La capital del MULT

La agencia municipal de Rastrojo corona una montaña con vista espectacular de la sierra.  Esta es la capital del MULT y no lo deja a duda: la agencia está pintada de verde militar. Se adornó la fachada con un escudo nacional al lado del cual hay dos banderas pintadas con fondo bicolor verde aceituna y rojo. Sobre éste fondo resaltan las siglas del MULT y una estrella roja de cinco puntas, símbolo de su origen combativo. En Rastrojo viven cerca de 800 personas, la mayoría mujeres. Ahí estaba Juana, la triqui que días antes en Copala mandó decir a los desplazados que regresaran sin causar problemas. 

Patricio Martín Domínguez es el agente municipal. Ronda los sesenta años, viste pantalón de mezclilla, camisa azul y porta una gorra color verde oliva. El agente se sienta al frente de la agencia para la entrevista. Un grupo de mujeres con huipiles colorados lo rodean. Él deja su radio de comunicación de lado para tomar el bastón de mando con una mano. En la otra toma un chicote de cuero, llamado “el comandante”, que tradicionalmente se usó como herramienta de castigo. Dice que ya no se usa con ese fin. No domina totalmente el español. La conversación fluye con la ayuda de Emelia Ortiz, joven activista triqui, prima de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, de 14 y 20 años de edad, desaparecidas en el trayecto de Putla a Juxtlahuaca en 2007. A través suyo, el agente expresa su respeto al grupo autonómico y dice ignorar su ejercicio de gobierno. También dice que cuando el MULT sufre violencia no responde con violencia sino con marchas por la paz.

—¿Usan armas? —le pregunto.
—Desconozco —el  agente municipal esquiva la mirada.

La muchacha narra como el MULT nació en los años 80 en Rastrojo porque su gente sufría represión caciquil y militar, saqueo e incendio de sus casas, violación de sus mujeres, tala de árboles en su territorio, invasión de tierras comunales, robo de ganado, aprehensiones arbitrarias, desapariciones forzadas. De acuerdo con López Bárcenas, el MULT nació en la lucha por la defensa de los derechos triquis y pese a la represión en su contra se consolidó y creó al Partido Unidad Popular (PUP), el único partido indígena de México. Con los años forjó un perfil autoritario y estableció relaciones de poder con los gobiernos priístas en turno para acceder al presupuesto público, explica. El MULT gobierna en 18 de las 32 agencias municipales triquis. Se le acusa de imponerse a través de las multas y las armas.

La noche de la firma del Acuerdo de Paz entrevisté a Rufino Merino, líder del MULT. Él quedó como el dirigente principal luego de la ejecución de Heriberto Pazos, líder histórico de la organización, ocurrida en 2010. Merino fue diputado del PUP. Es un hombre de carácter resuelto y mirada firme. Negó las acusaciones del MULT-I: que el MULT fuera paramilitar, que hubiera participado en el cerco contra el Municipio Autónomo, y que cobrara multas a quienes no acuden a sus acarreos políticos: “¿Hay pruebas?”, me preguntaba con parsimonia una y otra vez. 

Vi a Merino de nuevo una mañana en Copala. Fue un domingo de fines de enero en el que autoridades estatales y federales atestiguarían la asamblea entre el pueblo de Copala y una comisión de  desplazadas para modificar las condiciones de su retorno. Mientras tanto, la marcha del Municipio Autónomo, después de varios días, ya había logrado avanzar hasta la entrada del camino de terracería de La Sabana a Copala al burlar los retenes policiacos. Merino, impecable, luciendo un saco de gamuza y sombrero ranchero, arribaba a Copala con un grupo de hombres de confianza y un guardaespaldas estatal que portaba una AK 47. “Es por razones de seguridad, hace seis años que no venía a Copala”, me dijo, afuera de la escuela de las monjas. 

Momentos antes yo había tomado el atole de arroz con la monja. Y en el comedor escolar había charlado con el padre de una niña internada de visita en el lugar. Él y cientos de triquis estaban siendo acarreados a Copala. A la gran mayoría se les trasladó en camiones de redilas desde el día anterior, provenientes de   varias comunidades del MULT en la sierra de Oaxaca. “¿Es militante del MULT?”, le pregunté al hombre. “No, pero si no vengo me cobran multa de 5 a 10 mil pesos”, me dijo, y pidió anonimato.

La asamblea de conciliación entre los desplazados y habitantes de Copala convocada a las 10 de la mañana, con la asistencia de autoridades estatales y de derechos humanos, era en los hechos un despliegue de fuerza del MULT. En los portales de la agencia municipal estaban los copaltecos. En la calle,  cerca de un millar de triquis, la mayoría mujeres, se formaban en procesión para desfilar ante las autoridades visitantes. El sol quemaba. Al frente de la muchedumbre dos mujeres portan un retazo de tela blanca  en señal de paz. Pasan las horas. La multitud se cansa. Tiene sed y hambre. 

Finalmente la asamblea se cancela. Trasciende la detención de un activista de la caravana de desplazados que esquivó el bloqueo policiaco en la carretera. Los funcionarios de primer nivel se van. En la calle, el gentío se dispersa en busca de sombra. Cajas de Pepsi se distribuyen. De nuevo se alinea a la procesión. Dentro de la agencia, ante funcionarios de segundo nivel, cuatro o cinco mujeres, entre ellas Juana, denuncian abusos del Municipio Autónomo y piden que se levanten las órdenes de aprehensión contra los acusados de asesinato y violación sexual. A las 3 de la tarde la multitud inicia la retirada en los camiones de redilas. Una hora después sólo el grupo de Emelia Ortíz permanece en la calle, con su bandera blanca.

El retorno impedido

Una línea ondulante color rojo vivo se aprecia a la distancia en la carretera estatal. Es la marcha del grupo desplazado que salió de Yosoyuxi una mañana de fines de enero. Luego de 17 meses en el exilio va camino  a Copala. La nutre centenar y medio de mujeres triquis, una treintena de hombres, y una docena de activistas urbanos, entre los que está Ignacio del Valle, de Salvador Atenco. “¡Cooopaaalaaa viveee! ¡La luuuchaaa sigueeee!”, gritan. La marcha exige que su retorno no se aplace hasta el 20 de marzo, sino que se concrete ya, ahora mismo.  “Ya hemos esperado mucho tiempo”, externa una viuda de 27 años. Setenta policías estatales conforman un bloque compacto y paran en seco la caravana. Es la segunda vez que sucede. La gente no se confronta con la valla de uniformados. Se dispersa por un momento y yo aprovecho para charlar con Reyna Martínez, la mujer delgada y decidida que está al frente del grupo desplazado. 

—¿En qué momento pasó por tu cabeza la defensa del municipio autónomo?
—Pues quién sabe —se ríe.
Contrario a lo que dicen sus adversarios, ella expresa que no se involucró en la creación y el funcionamiento del Municipio Autónomo sino hasta que junto con 16 mujeres rompió el cerco paramilitar sobre Copala y viajó a la capital oaxaqueña para exigir su cese en agosto de 2010. Dice que antes del plantón era como “un ratoncito encerrado”. Estudió hasta secundaria, era militante de UBISORT y coordinadora del programa Oportunidades en Copala. Pero en el campamento de protesta se hizo activista y  emergió la determinación que le inculcó su padre, un triqui liberal defensor de los derechos de las mujeres. También aprendió a valorar y defender la causa del Municipio Autónomo. 

Ella sabe que cimbra la estructura patriarcal indígena: es dirigente mujer, madre soltera, cabeza del grupo disidente, habla español y lanza críticas a los líderes masculinos del MULT y UBISORT. Así se convirtió en el foco de inquina de sus detractores. El líder Rufino Merino me dijo: “Que regresen los desplazados a Copala, pero Reyna no, es una provocadora”. 
Si bien la vocera del grupo desplazado no estuvo en el proceso municipal autonómico, rechaza que el Municipio Autónomo realizara expulsiones y asesinatos. Los casos que señala el MULT fueron en 2006, en una ola de enfrentamientos entre las tres organizaciones, me dice.

El Municipio Autónomo duró casi tres años en los que se crearon cooperativas de mujeres, una policía comunitaria, establecieron un convenio académico con la Universidad Autónoma Metropolitana, se hicieron obras de construcción, drenaje y caminos carreteros, y se creó la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, expresa. Los enemigos del Municipio Autónomo intentaron asesinar al presidente municipal autónomo en 2008. Ese año mataron a Felicitas Sánchez y Teresa Bautista, dos jóvenes locutoras de la radio comunitaria. Ellas también son reivindicadas como víctimas del MULT. Otros asesinatos causaron la huida del gobernante autónomo en abril de 2009: “Se salió de la comunidad, dejó al pueblo solo”.  

El Municipio Autónomo responsabiliza de los ataques a Antonio Cruz García, alias Toño pájaro, quien tras  cinco años de ausencia regresó cuando se consolidaba la autonomía. Lo acusan de encabezar a un grupo paramilitar con apoyo del gobierno priísta local y estatal y luego de aliarse con el MULT y UBISORT. Lo incriminan de ejecutar a más de 20 autónomos y de perpetrar el cerco sobre una población mayoritaria de mujeres, niños y ancianos del 1 de noviembre de 2009 a mediados de septiembre de 2010. 

Reyna Martínez dice  que durante el asedio se cortó la electricidad, el servicio telefónico, el agua potable. Hombres armados bloquearon los caminos, desde los cerros disparaban contra el pueblo sin parar. “Nunca se acababan las balas, disparaban de noche, de día, de mañana”.  Las mujeres debían salir en la madrugada, caminando horas por las veredas, para ir en busca de víveres. A una de ellas, Natalia, abuela de once niños, se le desnudó, golpeó, cortó el cabello y violó en su travesía. La activista dice que Toño pájaro tomaba el altavoz del pueblo y les decía en triqui: “¡Donde quiera que vayan nadie les va a creer porque el gobierno es nuestro! ¡La policía es nuestra¡ ¡Son como perros sin dueño!”. Dos caravanas humanitarias intentaron llevarles comida desde la Ciudad de México sin fortuna. La dirigente se armó de valor, y con un grupo de mujeres, salió una madrugada por el cerro y se trasladó a Oaxaca a poner el plantón y exigir el alto al asedio. El gobierno no intervino. La violencia se agudizó por un mes más. Durante la “ofensiva final” de septiembre, cuando la gente debía saciar su sed con agua de lluvia, los atacantes armados desalojaron y saquearon casa por casa.

Gabino Cué entró al poder gracias a una coalición opositora que por primera vez en la historia sacó al PRI del gobierno estatal. Ya en su administración, el plantón se extendió un año más y se indemnizó a 110 familias desplazadas con 150 mil pesos cada una, aunque aún no se concreta el procedimiento de forma total. “Hemos sido atentos y generosos, y hemos cumplido con las medidas cautelares”, me dijo el gobernador en una breve charla. 

Sin embargo, el retorno y la seguridad de 150 familias desplazadas está en vilo. Luego de realizarse varias reuniones entre el bando copalteco y el autónomo, con la intermediación de autoridades estatales, federales y de derechos humanos, la comisión de desplazadas denuncia que en la comisión copalteca se incluyó a Julio Martínez, agente municipal de Copala, padre de Julio César Martínez, atacante de la caravana, así como a la esposa e hijo de Toño pájaro, que piden retiren las órdenes de aprehensión contra los acusados.

Toño pájaro está libre y es el mayordomo principal de Copala.  El agente municipal me dijo: “Sí, Antonio Cruz es el mayordomo principal, él celebró la danza de las velas y va a celebrar la fiesta del pueblo del primero al 10 de marzo”.  Que se dé finalmente el regreso del grupo desplazado a Copala es lo de menos. El agente me advierte: “A veces la reacción del pueblo indígena es espontánea, nadie puede adivinar qué puede pasar”. 

Reyna Martínez teme por su vida si regresa a Copala: “Ya sé que me puede matar gente de Toño pájaro, o del MULT, o de UBISORT, o del gobierno, son la misma cosa”. Pero seguirá en su lucha para que los  desplazados vuelvan a sus casas. Especialmente las ancianas del grupo: “Lo importante es que las abuelitas estén tranquilas, que estén junto a su lumbre con sus tortillas calientitas, ya han estado mucho tiempo viviendo en la calle”. Sabe que su retorno implicará sujetarse al sistema de gobierno que combatió. Sin embargo seguirá defendiendo su causa: “No dejaré la autonomía, siempre la llevo dentro y la compartiré con otros”.

LAURA CASTELLANOS es una periodista todoterreno que transitó veredas inhóspitas y empinadas montañas durante siete días para hacer este reportaje. Volvió bronceada y con unas piernas que causaron la envidia de una editora que renunció al gym desde que entró a “Domingo”