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Asesores y expertos han expresado que la propuesta del gobierno de Porfirio Lobo Sosa en la que incluye un préstamo millonario de un banco privado para comprar las tierras a los terratenientes para luego otorgarlas al Movimiento Campesino del Aguán (MUCA) es impagable y por lo tanto ha sido rechazada, lo que hace muy distante una solución al conflicto agrario en el Aguán.  Rudy Hernández es miembro del Observatorio de Derechos Humanos en el Aguán, trabaja además para la Fundación San Alonso Rodríguez y es asesor agrario del Movimiento Campesino Rigores.

 En relación al impasse surgido para lograr un acuerdo  que permita al Estado comprar las tierras a los terratenientes para poder adjudicarlas a los campesinos del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA) Hernández expresó que la propuesta establece un monto a pagar por cada hectárea de tierra de 135 mil lempiras a 15 por ciento de interés por 15 años.

 Trascendió que el régimen de Porfirio Lobo Sosa a través de la Secretaría de Finanzas, está negociando con banco Ficohsa un préstamo millonario para comprar las tierras que están en poder de terratenientes de la zona.

 Los campesinos y campesinas han recuperado  4 mil 45 hectáreas cultivadas de palma africana, por las cuales deberán pagar 636.2 millones a los empresarios Miguel Facussé y René Morales, a razón de 135 mil lempiras cada una.

 El problema es que la secretaría de Finanzas negocia con el banco Ficohsa un préstamo al 14 por ciento de interés anual que deberán pagar el MUCA en los próximos 15 años.

Rudy Hernández es miembro del Observatorio de Derechos Humanos en el Aguán Según estudios elaborados por un equipo técnico-financiero la propuesta sería impagable para el MUCA debido a la cantidad de tierra que está sobrevalorada y a la poca producción que la misma está brindando producto del mal manejo que se hizo de las fincas de palma africana.

“Esa es la propuesta que ha elaborado el Banco Ficohsa para detallar de qué forma se va a hacer el financiamiento en donde prácticamente sería volver a lo que fue antes del 9 de diciembre que se inició la recuperación, donde los compañeras y compañeras serían simplemente trabajadores de este banco financiero”, advirtió el dirigente campesino.

 Hernández señaló que actualmente las negociaciones están distanciadas porque la posición del gobierno no ha sido de beneficio para el movimiento campesino e incluso se ejecutaron desalojos violentos el año 2011 y en los últimos días movimientos campesinos que están en recuperación de tierras.

“Sabemos que eso a nivel de negociación y de resolver este conflicto agrario, sabemos que con el gobierno, están de una manera bastante distante”, apuntó.

 La propuesta que hace la empresa privada a través de la banca en complicidad con el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, es descabellada afirma Heriberto Alemán miembro de la empresa Asociativa La Chile que pertenece al MUCA y que está ubicada en el asentamiento campesino La Nueva Confianza.

 Alemán dijo que eso es algo impagable, algo que viene a ser como un desalojo técnico para este movimiento campesino que tanto trabajo le ha costado, que tanta sangre, tantas vidas hemos perdido nosotros para recuperar algo que ha sido nuestro y en donde se ha cometido quizás algún error en haber firmado un acuerdo en el cual el gobierno no ha cumplido ni en un 5 por ciento.

Heriberto Alemán miembro de la empresa Asociativa La Chile “Porque hasta el momento estamos adjudicados en más de 3 mil hectáreas de tierra, pero que se nos dice que tenemos que pagar 135 mil lempiras por hectárea y lo que se debió acordar era pagar las mejoras, porque si nos vamos a la historia de lo que han sido estas tierras, siempre pertenecieron a la reforma y nosotros, las organizaciones campesinas lo que queremos es hacer reforma agraria, que nos es compra-venta de tierras, sino es que al campesino se le dote de tierra, asistencia técnica para que podamos producir” explicó Alemán.

 La dirigencia del MUCA ha rechazado  la propuesta financiera porque en el término de siete años habrían pagado al banco 556 millones de lempiras, de los cuales solo 190 millones estarían siendo abonados al capital.

 El convenio establece que al concluir los siete años el resto de la deuda de 445 millones será asumido por el Banco Hondureño de la  Producción y Vivienda (Banhprovi) (estatal) a una tasa más baja.

 Aún así, al término de los quince años los campesinos habrán pagado más de Mil 200  millones por una deuda de 636.2 millones. Cada hectárea les costaría medio millón de lempiras.

 El gobierno se ofreció a ser el aval en el fideicomiso que se supone estaría negociando la Secretaría de Finanzas con la banca privada, si esta hace efectivo el pago a Miguel Facussé.

¿Existe una propuesta alterna?

 Otra propuesta que habría surgido es la que tiene que ver con la empresa venezolana Alba Petróleos que ofrece una línea de crédito bajo condiciones favorables, mejor que el préstamo que pretende darles el sistema financiero nacional.

 Alba Petróleos de la República Bolivariana de Venezuela habría propuesto la compra de las tierras, establecer una sociedad o brindar financiamiento al MUCA.

El asesor jurídico del Instituto Nacional Agrario (INA), Marco Ramiro Lobo, informó que la empresa de Venezuela envió representantes para explorar la zona del Aguán con la idea de comprar las tierras adquiridas recientemente por el MUCA, como primera opción.

 La  segunda y tercera opción sería la de estar dispuestos a formar una sociedad con los campesinos y campesinas para facilitarles el dinero para que paguen los 546 millones que le adeudan al empresario Miguel Facussé, transacción en la cual el Estado hondureño seguiría siendo el aval solidario.

 Al respecto el MUCA informó que no recibió ninguna propuesta ni tuvo algún acercamiento con la empresa Alba Petróleos para establecer un acuerdo de financiamiento.

 El MUCA se compone de varias cooperativas distribuidas en las fincas: Marañones, Isla Número Dos, La Confianza, La Aurora, La Lempira, La Concepción e Isla Número Uno.

Caso Rigores

En el caso de Rigores, Rudy Hernández dijo que gracias al apoyo  de la Fundación San Alonso Rodríguez, (organización no gubernamental) se están rehabilitando las viviendas de los campesinos y campesinas que fueron desalojados violentamente en junio de 2011.

“Los estamos apoyando con proyectos de producción agrícola, estamos impulsando proyectos para que ellos y ellas puedan generar sus ingresos y también les estamos dando tiendas de consumo”, explicó.

La comunidad de Rigores se compone de 116 familias organizadas en 8 empresas campesinas, el proceso legal de las tierras no ha sido atendido por las autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) y se acusa al ministro César Ham de realizar negociaciones aparte con el terrateniente Erick Rivera.

“Sabemos que el decreto 18-2008 (aprobado durante la administración Zelaya) expropiaba las tierras a favor de los campesinos, pero luego de la derogación de este decreto, sabemos que estas negociaciones han incrementado el valor de la tierra, por las cuales ahora el INA y el terrateniente están pidiendo aproximadamente 100 millones de lempiras”, detalló el dirigente campesino.

Se trata de 617 hectáreas que cuando fueron recuperadas por el Movimiento Campesino Rigores (MCR) estaban incultas y después de 11 años, los campesinos y las campesinas las han hecho producir.

 El decreto 18-2018 amparaba el total del precio de la tierra a pagar como un justiprecio de 12 millones de lempiras, pero debido a la derogación del decreto, “sabemos que el ministro César Ham juntamente con el terrateniente Erick Rivera quieren hacer un negocio pidiendo aproximadamente 100 millones de lempiras por 617 hectáreas de tierras, en su totalidad incultas”.

Consultado en torno a la operación Xatruch II que ejecutan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el Bajo Aguán, Hernández indicó que “la operación Xatruch II está actualmente cuidando las fincas de los señores René Morales, Reynaldo Canales y Miguel Facussé y sabemos que representan las fuerzas armadas de estos terratenientes, los están defendiendo y no están dando seguridad a la población, a la ciudadanía, sino que están dando seguridad a los bienes de los señores terratenientes”.

“Los que tenemos una trayectoria en la que hemos venido impulsado el proceso de recuperación de tierras y defensoría de derechos humanos en la zona del Bajo Aguán, estamos siendo constantemente vigilados, perseguidos, nuestros celulares están intervenidos, por lo que la persecución y el hostigamiento se presentan a diario, vivimos bajo momentos de zozobra, de incertidumbre, no sabemos qué puede pasar en nuestras vidas, porque así es el estado de indefensión en que estamos nosotros”, sostuvo Hernández.

 http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php. ?option=com_content&view=article&id=1825:todavia-esta-muy-distante-la-solucion-a-la-crisis-agraria-en-el-aguan&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159