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 Marc Gavaldà[1]

La prensa peruana y el debate público tienden a enfocar la problemática de Camisea en términos meramente económicos. Se discute sobre el destino de  los millones de metros cúbicos  de gas que diariamente salen de la planta de Malvinas y se inyectan a los gasoductos que van, vía Lima, Pisco y Melchorita al mercado interno y a la exportación. A medida que se anuncian y se construyen nuevos gasoductos -como el LOG SUR o el Gasoducto Andino Sur-   el único problema, aparentemente, es determinar qué regiones (o países) recibirán el gas, a qué precio y cuántas regalías pagarán las empresas que se lucrarán de ellas. Pero tras las cifras, entre volúmenes y porcentajes, existe un territorio extenso que es la cuenca del Bajo Urubamba. Los pueblos nativos que la habitan, así como la complejidad de ecosistemas y áreas protegidas de relevancia mundial son repetidamente ninguneadas.

Este artículo tiene por objetivo proporcionar y visibilizar la magnitud de los impactos - presentes y futuros -  generados por la puesta en producción de los lotes que gravitan en torno al proyecto Camisea. Sucede en Perú que Camisea es percebido por la población como un punto concreto en un lugar distante – y desconocido – de la selva. Pocas personas, ni siquiera la población afectada, entienden la magnitud territorial de los millones de hectáreas afectadas por la “gasificación” del río Urubamba. En efecto, la interconexión de los lotes 56 (Pluspetrol), 57 (Repsol) y 58 (Petrobras) con el lote 88, con su  planta de fracionamiento de Malvinas, así como el posterior transporte de gigantes volúmenes de gas a diferentes puntos del país y del mundo, significará un cambio irreparable para los ecosistemas y el modo de vida de los pueblos del Urubamba.

Los efectos de esta industrialización ya se sienten y han modificado las condiciones de vida de las comunidades. Pero los lotes se encuentran todavía en una fase germinal de desarrollo. Las compañias que los operan, llevan un lustro explorando sus entrañas y en los últimos meses ya han arrojado satisfactorios resultados. Habiendo descubierto reservas probadas de gas, hemos entrado en la cuenta atrás para la apertura desenfrenada de decenas de pozos en cada lote, el tendido de kilómetros de ductos, la ampliación de depósitos de almacén y la construcción de nuevos y gigantes gasoductos para exportar las riquezas descubiertas. Y con esta industrialización, el destino de las comunidades quedó, sin saberlo, atrapado para siempre dentro del complejo industrial.

En el Lote 88  se iniciaron operaciones con la entrada de  Total y Shell en la década de 1980 y se contiunaron en 2003 con el Consorcio formado por  Pluspetrol (Argentina),  Hunt Oil (EUA), SK Energy (Corea),  Repsol YPF (España, EEUU), Tecpetrol (Argentina , Perú)y Sonatrach (Argelia). Existen varios pozos en operación como los de la plataforma San Martín y Cashiari contectados a través de ductos y línea eléctrica. La planta Malvinas es un complejo  petroquímico donde se separa el gas, licuados de gas y las aguas de formación. Tiene un aeropueto con vuelos diarios a Lima y un puerto fluvial con una intensa actividad de lanchas con destino y regreso de Sepahua y Atalaya, donde se está construyendo un puerto y zona de descarga.  Testimonios del pueblo en contacto inicial Nahua, revelaron que Pluspetrol avanza por zonas vírgenes en el interior de la Reserva Nahua Kugakapori Nantis y Otros. Además existen planes de ampliar la extensión y capacidad de la planta de Malvinas para albergar nuevos tanques de fraccionamiento y almacén de gas. Se proyecta construir nuevos ductos de Camisea a la costa, donde las plantas de  Pisco y Melchorita exportan del orden de  

Poco tiempo después de la puesta en marcha de Camisea, se iniciaron las actividades en los lotes vecinos. A continuación resumimos parte de la información sesgada y dispersa de la que se ha tenido acceso a través de los Estudios de Impacto Ambiental disponibles en la red. Es preciso destacar que las comunidades matsiguengas, kakintes, ashaninkas, nahuas, nantis y campesinas, no conocen y entienden el lenguaje técnico de los mismos .

Lote 56 (Pluspetrol)[2]

En 2003, el Gobierno peruano inició un proceso licitatorio para entregar el lote 56, así como también una serie de modificaciones legales para cambiar el destino de la producción del gas producido en este lote. Como se verá más adelante, una serie de leves retoques en el contrato, facilitan que la empresa concesionaria pueda exportar el gas en lugar de destinarlo al consumo interno. Este hecho ha generado indignación y ha sido el motor de las movilizaciones por el gas en 2010. La empresa adjudicataria del lote, fue – ¡oh, sorpresa!- la misma que la que operaba en Camisea.

En 2005, Pluspetrol, como líder del consorcio formado por Hunt Oil, SK Corporation, Sonatrach y Tecpetrol y Repsol YPF inicia las actividades en el lote 56. Este bloque, un rectángulo perfecto que afecta a 58,500 hectáreas incluye el territorio de 7 comunidades nativas y el asentamiento rural Shintorini ,  donde la compañía ubicó el campamento La Peruanita. La presencia de reservas de gas en este lote era conocida antaño, pues dos estructuras hidrocarburíferas, conocidas como  Mipaya y Pagoreni ya fueron exploradas por Shell en 1987 y 1998 respectivamente.

Las actividades previstas comprendían un estudio sísmico de 2D y 3D, la perforación de 12 pozos dirigidos a partir de tres plataformas (Pagoreni A, B y C), el tendido de ductos para  conectar estos pozos con la planta de Malvinas,  así como la ampliación de dicha planta, triplicando su capacidad,[3]  con el fin de poder recibir y procesar el gas y condensado extraído de los pozos. Además, se requirió el tendido de una línea eléctrica para alimentar la energía de las máquinas de perforación de los pozos.

Posteriormente, el gas producido de este lote se transporta  hacia la costa, pero a diferencia del lote 88, que llega una parte a Lima para consumo interno, el gas del lote 56 abandona el país en el puerto de Melchorita. La empresa Perú LNG, se encarga de licuarlo para los barcos que lo acercan a mercados más devoradores de energía, como México, Estados Unidos y Europa.

El Estudio de Impacto Ambiental fue observado por la sociedad civil que solicitaba, a cada punto observado, la correspondiente respuesta del Ministerio de Energía y Minas. Se cuestionó por ejemplo, que no se informara de las coordenadas de las líneas sísmicas y  el hecho que éstas excedieran la superfície del lote 56, afectando zonas aledañas. También se criticó el deficiente manejo de residuos peligrosos, los cuales, con una cantidad de 245 toneladas generadas en las distintas fases de operación[4], añadidos a las 1,875 toneladas de residuos no peligrosos, generaban “altos riesgos de impactos ambientales y humanos durante el transporte en helicóptero desde los lugares de perforación a Malvinas, por barco desde Nalvinas a Pucalpa por los ríos Urubamba y Ucayali, así como vía terrestre desde Pucalpa a Lima”.[5]

Pero el proyecto sigue su curso, y sin muchos cambios en la redacción, Pluspetrol consigue la licencia para iniciar operaciones. En febrero de 2005, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre le dan el permiso a Pluspetrol para el desbosque de un  de un volumen de 24,074.4685 m3 de madera en una superficie de 213.98 hectáreas para la ejecución de los subproyectos mencionados.[6] El 12 de  julio, un día antes del inicio de actividades sobre el terreno, el Ministerio de Energía y Minas aprueba el Estudio de Impacto Ambiental. Este encadenamiento perfecto de fechas, que encajan como engranajes en el calendario, visibiliza la completa subordinación de los órganos estatales a los intereses corporativos. En este caso, es inverosímil explicar cómo el inicio de la exploración sísmica de Pluspetrol en el lote 56, un proyecto operativo que involucra centenares de personas, maquinaria, infrestructuras de transporte (barcos, helicópteros) y de apoyo logístico (almacenes, campamentos), se pueda llevar a cabo en el margen de unas horas.

En 2010, se inició la perforación del Pozo Mipaya, vecino a Comunidad Nativa de Kinteroni y en 2011 se inicició la conexión de ductos para conectar este pozo con los lotes 57 y 88.

Lote 57 (Repsol YPF)

Repsol y Petrobras son socias en el lote 57[7], una extensión de 611,067.81 hectáreas con forma de metralleta , en los departamentos de Cuzco y Ucayali. Esta concesión, para operar durante 40 años desde 2003, abarca territorio de la Reserva Comunal Asaninka y Machiguenga y limita con  el Parque Nacional Otishisi. En su interior existen nada menos que 19 comunidades, la mayoría machiguengas, pero también las hay del pueblo Kakinte, etnia de la família arawak bastante aislada en las montañas entre los ríos Tambo y Urubamba.

El lote 57 limita al sur con los lotes 56 y 58, a los cuales se integrará por una línea de gasoductos para  dirigir el gas hacia la planta Malvinas y posteriormente hacia la costa.

En 2006, Repsol inició su primera fase de prospección sísmica 2D con un total de 548 Kilómetros  con el objeto de definir mejor las estructuras geológicas ya explorada por Shell, determinar ubicaciones probables de pozos exploratorios y evaluar las técnicas de perforación adecuadas para la estructura.

La logística relacionada con los trabajos sísmicos en un área tan boscosa como remota fue compleja y requirió de la movilización de una gran plantilla, alojada en el Campamento Base de Nuevo Mundo, y tres subcampamentos más. Por el río Tambo 270 km lineales fueron afectados por la apertura de 11 línesas sísmicas. 9 líneas más, cruzaban el río Urubamba, despejando 300 kilómetros más. (Domus, 2006) Más tarde,  el proyecto sísmico fue ampliado con el tendido de 6 líneas más, de 175 kilómetros. 

La exploración sísimca  afectó de lleno las  mencionadas  Reservas Comunales Machiguenga y  Asháninka.  Al respecto, Repsol precisó en sus Estudios de Impacto Ambiental que  “aún cuando la definición y entrega del Lote 57 es posterior a la creación de la RC Machiguenga y la RC Asháninka, esto no impide el desarrollo de actividades dentro de dicha área natural protegida, tal como lo indican la Ley de Áreas Naturales Protegidas.”[8]. Con este tipo de aseveraciones, Repsol pone los puntos sobre las íes al gobierno, para prevenir-se de posibles amonestaciones. Si en el lote 88, se dejó a Pluspetrol operar dentro de la Reserva Nahua Kuagaparoi Nantis con la excusa que fue primero la concesión a la Reserva, ahora Repsol reconoce que llegó tarde a la creación de las áreas protegidas, sin embargo    enfatiza que la Legislación ambiental le otorga derechos para ingresar en ellas.

En 2008 perforó su primer pozo con éxito, el Pozo Kinteroni, del cual en 2009 ya declaró haber encontrado reservas comerciales de gas. Como se verá más adelante, en estos momentos Repsol está construyendo casi 100 kilómetros de líneas de flujo (gosoductos) para interconectar los pozos del lote 57 , con los del 56 y 88 . Para el segundo semestre de 2012 espera iniciar la producción de 5 millones de metros cúbicos diarios. A partir de 2015 proyecta inaugurar una planta con compresiópn de gas propia en su campamento  base, ahora ya convertido en polígono industrial, que se encuentra a escasos metros de las viviendas y escuela de la comunidad machiguenga de Nuevo Mundo.  

Lote 58 (Petrobras)

EI lote 58 es la última pieza del rompecabezas del gas en el río Urubamba. Pertenece a la brasilera Petrobras , la cual también proyecta un historial de conflictivas operaciones en todo el continente.[9]   Este lote, está ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región Cusco. Su proximidad a varias áreas protegidas, como el Parque Nacional Manu y el Santuario Megantoni, otorgarían a este bloque un especial cuidado para prevenir cualquier tipo de accidente. Sin embargo, se sabe, las operaciones hidrocarburíferas en ecosistemas tropicales vienen acompañadas sine quanum de impactos ambientales irreparables. Aún sin la probable generación de vertidos al ambiente, la conectividad biológica entre estas áreas protegidas se verá sin duda afectada por la penetración y apertura de líneas sísmicas, así como la presencia y tránsito de helicópteros, barcos y personal durante las próximas décadas.

A pesar de ser la última en tomar tierra en el Urubamba, esta empresa ha acelerado sus operaciones y en estos momentos ya proyecta construir un gasoducto para comercializar las reservas descubiertas. En 2007, le aprobaron el Estudio de Impacto Ambiental para la prospección sísmica y perforación exploratoria.  Cientos de kilómetros de selva fueron intervenidos para tal operación.

En 2009, Petrobras perforó su primer pozo, el Urubamba 1X, el cual recibió elogios del presidente de Perupetro, Daniel Saba : “Estamos muy optimistas con los resultados del pozo Urubamba y de las otras estructuras que faltan perforar pues el nivel de éxito exploratorio en esta zona es de 80%”, sin embargo precisó que la intención del gobierno de renegociar las regalías del contrato, hasta el momento apenas un 5%. La voluntad del nuevo gobierno sería elevarlas hasta por lo menos un 14%.[10] Negociación aparte, está claro que Petrobras ha encontrado condiciones de negocio en la cuenca urubambina. En 2010 perforó  con éxito otro pozo, el Picha 2X  8T, donde encontró gas condensado. En el primer semestre de  2011, Petrobras ya había abierto nuevas líneas sísmicas 3D en 180 kilómetros cuadrados de selva y había perforado otro pozo más, el Taini 2X. También inició los trámites para la construcción del Gasoducto Andino Sur, que tiene por objetivo alimentar el mercado energético del sur del país, en especial la voracidad energívora de los proyectos mineros andinos de muy conflictiva aceptación por los pueblos locales, que defienden, celosos, sus recursos hídricos cada vez más escasos.

La Comunidad Nativa de Puerto Huallana fue especialmente afectada por la cercanía de uno del  pozo Picha 5XP, de 5 kilómetros de profundidad. En 2010, Petrobras había presentado un EIA para la perforación del Pozo 82, el cual fue aprobado en febrero de 2010. Un año más tarde, cambiaron sus planes y decidió perforar el pozo Picha 5XP, a pocos metros de la comunidad machiguenga.[11] Para construirlo, igual que hizo con los anteriores pozos, Petrobras requirió movilizar vía fluvial todos los equipos para la construcción de la plataforma, para la cual desmanteló 6 hectáreas de selva. Ahí emplazó toda la infraestructura indispensable en cualquier pozo petrolífero. Esto es:  la torre de perforación, una fosa para la  quema, tratamiento y disposición final de ripios y cortes de perforación,  un helipuerto, y las fosas de los lodos de perforación. A parte, el campamento de Petrobras en las orillas del río Urubamba se habilitó un embarcadero donde el permanente tráfico de lanchas en la época seca, y chatas de gran tonelaje en tiempos de crecida han generan molestias en la población nativa a las que atribuyen el notable descenso de la pesca. 

Gas o biodiversidad, lo uno o lo otro.

Los lotes 88, 56, 57 y 58 encajan como piezas de un puzzle imaginario en los mapas de Perupetro, aunque por desgracia la imaginación puede convertirse en realidad para los pueblos del Urubamba.    Como se ha visto, la puesta en operación de los proyectos productivos de cada bloque, representa la industrialización de todo este territorio, que .por su valor ecológico ha sido reconocida como uno de los 25  hot spots mundiales en biodiversidad por la Organización Mundial para la Naturaleza[12].

Existe además, un significativo sistema de áreas protegidas que deberían garantizar la conservación de esta biodiversidad. Sin embargo, hemos visto la enorme huella territorial que imprimen las compañías en el desarrollo productivo de sus respectivos lotes, los cuales franquean las líneas, cuando no las penetran, de estas áreas protegidas.

El establecimiento del Parque Nacional Otishi, al igual que las Reservas Comunales Machiguenga y Asháninka, tienen su origen en la creación de la Zona Reservada del Apurímac, ubicada a lo largo de la Cordillera de Vilcabamba. Más tarde, en 2003, la Zona Reservada Apurímac fue recortada en diferentes áreas, como el Parque Nacional Otishi y otras. Su objetivo principal es proteger la Cordillera Vicabamba así como la estabilidad de los suelos de las cabeceras de cuencas de los ríos Ene, Tambo y Urubamba.

Las Reservas Comunales Machiguenga y Asháninka fueron establecidas con el objetivo principal de garantizar la conservación de la diversidad biológica en beneficio de las comunidades nativas ubicadas en las reservas. Al interior de estas reservas comunales no pueden establecerse centros poblados ni la expansión de actividades agrícolas, pecuarias o la extracción forestal maderera.

A parte, todas estas áreas cuentan con una Zona de Amortiguamiento que corresponden a “la superficie de 959,825 hectáreas que forman parte de la Zona Reservada Apurímac y que han quedado excluidas de la categoraización inicial.” [13] La recategorización de la Zona Reservada Apurímac en Parque Nacional Otishi y Reservas Comunales ha generado disconformidad en los círculos ambientales, pues, en el cambio, lo que era Zona Reservada pasó a ser Zona de Amortiguamiento, pero lo que antes era Zona de Amortiguamiento, ahora ya no recibe ningún tipo de protección. Esto es algo que la misma Pluspetrol reconoce en su Estudio de Impacto Ambiental, justificando que sus actividades en esta zona, antes protegida, son plenamente legales y no se ven sujetas a restricciones.[14]

El lote 56 se superpone en 2,506 hectáreas a la mencionada Zona de Amortiguamiento del P.N. Otishi. El lote 57  también afecta esta Zona de Amortiguamiento, así como la de las Reservas Comunales. Ashaninka y Machiguenga. El Lote 58 está bordeando el Parque Nacional Manú así como el Santuario Megantoni. El lote 88, afecta de lleno el interior de la Reserva Territorial Nahua Kugakapori Nantis y otros. A estas alturas, con el historial de deforestación, derrames y vertidos en los cuerpos de agua, tráfico aéreo y fluvial entre otros, es difícil defender la compatibilidad del gas con la conservación. Así, si las instituciones ambientalistas internacionales otorgan suprema importancia al “hot spot” urubambino, así como al corredor biológico internacional Vilcabamba- Amboró,[15]  deberían reconocer también la amenaza que significa el desarrollo y ampliación de los lotes de Camisea. Por su parte, las organizaciones indígenas deberían valorar con más profundidad, más allá de negociaciones puntuales de compensación, los cambios irreversibles y a largo plazo que suponen estos emprendimientos industriales. Porque con la sartén por el mango, nadie detendrá a las compañías. Y si no cambian las condiciones legales, ni el control ambiental de sus operaciones, podrán abandonar la región, en unas décadas,  como lo hizo Texaco en Ecuador.