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25 Ene 2013

Panamá: Familia Martinelli y otros se benefician de concesiones hidroeléctricas dadas por el PRD en el Río San Pablo Destacado

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Encuentro del FAD, domingo 27 de enero, Hotel Soloy, 9:00 a.m. Jornada de lucha 5 de febrero, aniversario de los asesinatos de Jerónimo Rodríguez Trugrí y Mauricio Méndez. Atención: Invita Congreso General Tradicional Pueblo Ngabe Buglé y FRENADESO.

Intereses poderosos en el proyecto hidroeléctrico del Río San Pablo: Las Cruces, San Bartolo y La Laguna. También el de Barro Blanco

Campesinos e indígenas del área del Río San Pablo en la provincia de Veraguas, luchan actualmente contra los intereses económicos y políticos representados por la empresa Corporación de Energía del Istmo Ltd, S.A., la cual quiere apropiarse del Río San Pablo para hacer dos (2) hidroeléctricas, Las Cruces y San Bartolo, sin importarle las consecuencias en contra de los pobladores. Esto ha sido una práctica histórica de los grupos de poder económico y político, quienes tratan de arrebatarle al pueblo cualquier recurso natural con los cuales ellos puedan seguir aumentando sus riquezas.  Esta empresa también tuvo la concesión del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en la Comarca Ngabe Buglé, y la lucha indígena continúa para que no le roben sus recursos naturales.  Se añade el proyecto la Laguna, de la Familia Martinelli, también en el Río San Pablo.

Se trata de tres (3) proyectos interrelacionados, y que, una vez más, ponen al descubierto los lazos de la mafiocracia.  Como ya ha sido denunciado: “El país está atrapado por la avaricia desenfrenada de grupos de poder económico y político. Esto no es nuevo en nuestra república, existiendo desde antes de la separación de Colombia, pero el acceso a la información y el aumento de la conciencia de los pueblos de sus derechos, han hecho que esto sea cada vez más evidente. La desvergüenza de quienes dirigen el Estado también se hace cada vez más patente. Pareciera que poco les importa que el pueblo se entere de que mienten, que violan los derechos ciudadanos, que roban, que se apropian de bienes públicos, que caminan según convenga a sus intereses particulares y de pequeños grupos, en fin; nada les importa más que acrecentar su enriquecimiento. Confían en que el pueblo olvidará sus atropellos para las siguientes elecciones, a través de la compra de conciencias. Esta conducta, sumada a otras, conforma lo que llamamos LA MAFIOCRACIA; la asociación de personas en pequeños grupos de poder económico y político, con absoluta desverguenza, aprovechándose de un falso discurso de democracia, para robarle las esperanzas a un pueblo.”

El caso de Financial Pacific, en el que se ha vinculado directamente al Presidente Ricardo Martinelli en el uso de información privilegiada para manipular el mercado accionario en la minería, también esta relacionado a los proyectos hidroeléctricos.  La principal encausada en el caso, Mayte Pellegrini, habló de la existencia de una cuenta secreta del Presidente Martinelli para la manipulación de acciones de Petaquilla.  Esto no solo involucra al proyecto de oro del grupo cuya cabeza visible es Richard Fifer, sino también al proyecto de cobre, oro, plata y moligdeno de Minera Panamá-Inmet Mining Corporation, los cuales se ubican en Petaquilla.  No debemos olvidar que la ley minera, aquella que produjo la muerte de Jerónimo Rodriguez Tugrí y Mauricio Méndez, la promovió el grupo de Martinelli, para permitirle que el gobierno de Korea financiara la empresa Inmet-Minera Panamá, ya que la ley prohibía la participación de gobiernos extranjeros en la propiedad de estos recursos naturales.  Con pleno conocimiento, los diputados, de gobierno y de la supuesta oposición, derogaron la ley 8 y dejaron en un limbo jurídico la actividad minera.  Esto no fue casual.  Con ello se le permitió a Inmet-Minera Panamá, llegar al acuerdo con el gobierno de Korea para el financiamiento del proyecto.  El presidente Martinelli y su grupo eran concientes de esto, por lo que la posible manipulación de las acciones de Inmet-Minera Panamá, también toca al caso Financial Pacific. Sólo después que Inmet-Minera Panamá y el gobierno de Korea sellaron el trato, fue que el gobierno de Martinelli y los diputados “se enteraron” que la actividad había quedado en el limbo y debía ser aprobarse una ley al respecto. 

Pero, los proyectos hidroeléctricos en las áreas de la Comarca y áreas adyacentes, también se incluyeron en la ley 8, los que también son sujetos de posibles manipulaciones de acciones, compra y venta de concesiones y artimañas similares, cuando se tiene información privilegiada. Las concesiones hidroeléctricas ha sido el ejemplo más patético de especulación.  Se le otorgan concesiones a un grupo económico con lazos políticos en el gobierno de turno, que después son negociadas con los que desarrollarían el proyecto.  Ganan dinero con los recursos del pueblo, tan solo por sus influencias políticas que les permiten obtener las concesiones, aún cuando no tienen capacidad tecnica-financiera para desarrollarlos.  Recordemos al Ministro Ubaldino Real, cuando Martín Torrijos estaba en el poder, quien dijo que “era un hombre con suerte”, porque había comprado una concesión hidroeléctrica en 50,000 balboas y después valía 5 millones. A escasos meses de tomar posesión el gobierno del PRD de Martin Torrijos, en julio de 2005, Arturo Roberto Algandona González, Alex Ricardo Algandona González, Raúl Vasquez de León y Marco A. Rodriguez Beckert, registraron 12 empresas para desarrollar proyectos hidroeléctricos.  Las concesiones obtenidas por este grupo de personas han sido negociadas con empresas con capacidad para financiarlas. Así ocurrió también con las concesiones mineras.

La llamada Coordinadora Indígena que negoció la ley con el gobierno estuvo controlada por sectores del PRD y el mal llamado Partido Popular (Ausencio Palacios y Alberto Montezuma del PRD y Rogelio Montezuma, activista de Irene Gallego, del Partido Popular).  La Cacica Silvia Carrera, electa con las reglas del Tribunal Electoral, ley cambiada por Martinelli para controlar la dirigencia indígena, quedó atrapada, conscientemente, por estas fuerzas políticas, pensando que con ello el gobierno la reconocería en el cargo.  Por ello la Ley 11, que surgió de estas negociaciones, significó una traición al pueblo Ngabe Buglé, el cual luchó en las calles y derramó su sangre para que no hubieran proyectos mineros y tampoco hidroeléctricas en la Comarca.  Luchó para impedir que los grupos económicos y políticos poderosos, en asocio con el capital extranjero, se apropiaran de sus recursos naturales. 

El caso más sensible es el de Barro Blanco, pero también están los del área indígena de Bocas del Toro, el de Tabasará y los de San Bartolo, Las Cruces y Caño Clarito, a los cuales la representación indígena que negoció, no les dio la debida importancia.  Lo que hoy vive el pueblo indígena y campesino en estos proyectos, es responsabilidad de los negociadores indígenas, controlados por el PRD, quienes estando en el poder, habían otorgado una gran cantidad de concesiones hidroeléctricas, con el solo interés de lucrar a costa de los intereses de los sectores populares.  El llanto de la cacica Silvia Carrera, señalando, ahora, que el gobierno no ha cumplido el acuerdo firmado, le fue advertido por el Presidente del Congreso General Tradicional, Celio Guerra, a quien no se le permitió participar en la Asamblea porque sabían que no aceptaría semejantes patrañas. Se le advirtió que el gobierno no llegaría a ningún acuerdo en la Asamblea, que le fuera contrario a los intereses de los grupos metidos en las hidroeléctricas.  Que el movimiento se estaba desgastando por el alargamiento del supuesto diálogo. No hizo caso. Contrariamente, los llamados “asesores” dijeron que alargar la negociación era favorable a los intereses de los indígenas. Los diputados Irene Gallego (PP) y Crecencia Prado (PRD) participaban en las reuniones  con los negociadores indígenas, como si fueran otros miembros más. Los resultados ya  se conocen. Ahora, es el pueblo indígena y campesino el que, nuevamente, debe luchar para impedir estos proyectos, sin importar los acuerdos que firmaron los dirigentes vendidos a los intereses de los partidos políticos tradicionales y a los grupos de poder económico.

En el proyecto del Tabasará se identifica a Gabriel Btesh y Felipe Virzi, miembros del PRD y a quienes se le vinculó a la venta fraudulenta del terreno de Paitilla.  Son socios de Ricardo Martinelli.  Se ha señalado que el proyecto se ubica en tierras de propiedad de David Martinelli.   Betsh, junto a Alberto Eskhenazy, Moisés Levy, Henry Misrachi y Ricardo Chanis, lideraron la compra de los periódicos de EPASA, y el presidente Martinelli no niega su participación en el negocio. En el 2009 nombró a Ricardo Chanis miembro principal de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros. También la empresa que administra, Traffic Safety, adquirió el contrato para el diseño, suministro y operación de nuevas cámaras de vigilancia. Ricardo Martinelli Linares, hijo del presidente, tiene negocios con Ricardo Chanis y los hermanos Corcione Pérez Balladares, y con quienes el propio presidente ha hecho negocios.

Al colombiano Josue Levy Levy, pariente de Ori Zbeda, Edih Zbeda de Rand y de Ana Dora Levy de Zbeda, se le concesionaron 5 proyectos en la provincia de Chiriquí, en los rios Caldera, Chorcha y Gariché. Tiene 17 empresas vinculadas a potenciales proyectos hidroeléctricos, junto a su hermano Ruben Levy Levy y sus parientes Ori Zbeda y Edih Zbeda de Rand. En la empresa Piccadilly Center, S.A. se encuentran los hermanos Ruben, Simón y Jossue Levy Levy, junto a Gregory J. Rand, Edith Zbeda de Rand, y a quienes se les ha identificado como los accionistas de Financial Pacific, Ori Sasson Zbeda Levy, Ana Dora Levy de Zbeda y Matityahu Zbeda.

También medios locales dieron cuenta de la querella criminal contra los accionistas de la empresa de la Zona Libre de Colón, Ori Internacional, Matityahu Zbeda, Gregorio J. Rand, Ana Dora Levy de Zbeda, Ori Sasson Zbeda Levy, Ruben Levy Levy, Josue Levy y Edith Zbeda de Rand, “por presuntos delitos de apropiación indebida y estafa”. Los mismos de Financial Pacific.

Claramente que la especulación en los proyectos hidroeléctricos también toca al caso de Financial Pacific. Ori Sasson Zbeda Levy es miembro de la junta directiva de Pride Energy Co., Inc., Hidroecológica Narices, S.A., Energía Limpia, S.A. y de Hidroecológica Santa Fé, S.A. La abogada de Josue Levy Levy, Neslin Arce Mendizábal, es la hija del diputado del PRD de la provincia de Chiriquí, Denis Arce Morales, ferviente defensor de los proyectos hidroeléctricos. Estuvo en negocios directos con Levy por la venta de su emisora chiricana, Stereo Horizonte, S.A. La empresa de Levy involucrada en el negocio, Mujer 680 AM, S.A. es representada por la hija de Arce. Arce Mendizábal fue Cónsul de Panamá en Italia cuando el gobierno de Pérez Balladares. Su socia Carmen Arias, fundadora de la firma Arias & Arce, fue asesora legal del Consulado de Panamá en Venecia (1994-1997), aunque también reconoce que durante 1994-1995 fue consejera legal del 1er Vicepresidente de la Asamblea Nacional, controlada entonces por el PRD. Estuvo nombrada en Venecia y Panamá, en los mismos años, pagada con los impuestos del pueblo panameño. Denis Arce hizo lobby en las discusiones sobre el tema minero y de hidroeléctricas, desde el primer día que iniciaron las conversaciones con la representación indígena.  Su enlace con el grupo indígena que negociaba era su copartidario Ausencio Palacios, exgobernador durante el gobierno de Martín Torrijos.  El resultado de esas negociaciones fue nefasto, traicionándose la lucha del pueblo Gnabe Buglé, y explica el que todavía se mantengan los abusos de estos grupos económicos poderosos, contra los campesinos e indígenas que luchan contra los proyectos mineros e hidroeléctricos. 

Los hermanos Levy Levy han sido personas de mucha “suerte”, similar a la del ex ministro Ubaldino Real, durante el gobierno de Martín Torrijos.  Durante el gobierno de Mireya Moscoso y a través del administrador de las áreas revertidas, Alfredo Arias, adquirieron una parcela de tierra sin licitación, mediante compra directa, a través de la empresa Crisalidad Internacional, S.A.

INTERESES EN LOS PROYECTOS DE BARRO BLANCO, SAN BARTOLO, LAS CRUCES Y LA LAGUNA.

La Corporación de Energía del Istmo Ltd, S.A. recibió la concesión de los proyectos hidroeléctricos de Barro Blanco, ubicado en la Comarca Gnabe Buglé, Las Cruces y San Bartolo, donde también se ubican comunidades indígenas y campesinas. Posteriormente, Barro Blanco apareció en posesión de Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), sin que se excluya la participación de los concesionarios originales. Directamente aparece relacionada la familia Kaffie de Honduras, de LK Co. (Luis Kafie y Cia), quienes llevan a cabo el proyecto Hidroeléctrico San Martín en la comunidad del mismo nombre, departamento de Olancho, Honduras. Se menciona también la presencia de la Familia Facussé, Carlos Roberto y Miguel, este último condecorado por el gobierno colombiano en 2004 con la Orden Mérito a la Democracia, y que actualmente monopoliza el negocio de la palma aceitera, con el consecuente despojo de tierras a campesinos e indígenas, que esta actividad representa.  Esto también es un aspecto en común con Daza Pretelt.

A la Corporación de Energía del Istmo, S.A. se vinculan Eduardo Jaén Limnio, Javier José Daza Pretelt y Rolando Cuevas La Vera y Rolando Cuevas Silva. Roberto Cuevas La Vera, como miembro de la Cámara Minera de Panamá es un gran defensor de la minería. Jaén Limnio fue designado por el Presidente Martinelli como Director de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Está casado con Aracelly Maria Roy, hermana de Roberto Roy, actualmente director del proyecto del Metro, y quien mantiene diferentes negocios con el mandatario panameño.  Los vinculos de Jaén Limnio y Daza también se encuentran en la empresa Petropropiedades del Istmo, S.A. a través de su hijo, Eduardo Jaén Roy, empresa creada en el 2006.


Después que Ricardo Martinelli gana las elecciones en el 2009, Jaén Limnio deja de aparecer en la Junta Directiva de La Corporación de Energía del Istmo Ltd, S.A. sin que ello signifique que no mantenga sus intereses en la empresa. Ya sabía que ocuparía un cargo en el nuevo gobierno. También sale Daza Pretelt y se nombra a Diego Fernando Daza Gallegos como Presidente de la empresa, junto a Joaquin García Rico, Rolando Cuevas Silva y Pendro E.Colmenares Garelli.  En el 2010 todos ellos renuncian y se nombra a Nevin Bhakta Director-Presidente-Secretario, Hitendra Mohan Director-Sub-secretario, y Concepción Dominguez Directora-Tesorera.  Mohan es socio de Bhakta en otros negocios. Queda la interrogante de si los intereses de Daza Pretelt y Daza Gallegos, así como los de Jaén Linmio, se mantienen o fue una venta de la empresa. Se designó entonces a Icaza, Gonzalez, Ruiz y Almán, como agente recidente. En enero de 2013 se incorporó a la empresa a David John Hart como Director-Tesorero. La firma Arias, Abrego, López y Noriega es quien registra el acta. Navin Bhakta, un indostan con varias empresas en la Zona Libre de Colón y Panamá, miembro del Comité Ejecutivo de la ZLC, fue nombrado por el presidente Martinelli, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Quien obstenta este cargo asume el rango de Embajador: “El Alcalde del Distrito de Colón, Dámaso García recibió recientemente la visita de cortesía de su excelencia Navin Bhakta, Embajador del Consejo de Relaciones Exteriores de Panamá”. Son cargos de utilidad para hacer negocios. Fuera una venta real o simplemente la incorporación de nuevos socios, los Daza y Jaén Limnio obtienen beneficios económicos. Esto es parte del negocio especulativo de las hidroeléctricas. Bhakta también se encuentra en el recién creado Banco Panamá, junto a Guillermo Quijano, el socio de Francisco Linares, el pariente de la esposa del Presidente Martinelli, Ricardo Del Valle Paredes, Rogelio Miró (primo de Perez Balladares), Victor Dayán, Luis Varela Rodríguez, Mario y Guido Martinelli, Jaime Mizrachi, Ricardo De la Espriella, entre otros.

Eduardo Jaén Limnio es socio del Mayor Alfredo Alemán en la empresa GLP Fashion Corp, a quién el gobierno de Ernesto Pérez Balladares le entregara los terrenos de la Terminal de Albrook por una insignificante suma. Actualmente dirige la Terminal el ex mayor de las fuerzas de defensa Humberto Macea, encargado de ejecutar el aumento del uso de la Terminal a los usuarios. Los hermanos Jaén Limnio son socios de el ex ministro de Pérez Balladares y miembro del PRD, Olmedo Miranda en Cable TV Panamá, S.A., y con y Marisa Arias Thayer en C T y Redes & Telecomunicaciones, fundada en el 2004 con un millón de dólares de capital. Marisa es esposa de Pablo Thayer, pariente de Roosevelt Thayer, el amigo del Presidente Pérez Balladares y quien ayudara al Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Pereira Burgos, a cubrir un cheque sin fondo que girara a su propio nombre. Los Jaén Limnio también son socios de Aaron Mizrachi en Brickell Plaza, S.A., Topkapi Financial, S.A., entre otras. Roberto Ramón Roy también es miembro de la Junta Directiva de la empresa National Investment And Holding Corp., constituida en 1995, con el gobierno de Pérez Balladares. Lo acompañan Olmedo Miranda, Mario Barletta, Julio Cesar Benedetti (el minero), Eduardo Jaén Limnio, Rafael Bárcenas, Ricardo Martinelli, Virgilio Sosa y Dense Porcell.  La mafiocracia no tiene partido político.

Javier José Daza Pretelt, el otro socio de Jaén Limnio en los proyectos hidroeléctricos, es un colombiano al que la fiscalía de Colombia llamó a juicio por los delitos de “desplazamiento forzado en concurso con invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado”, el desalojo de la población de las tierras en Chocó. Entre los otros llamados a juicio estuvo Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”, ex cabecilla de las fuerzas paramilitares que organizó el gobierno colombiano. En mayo de 2010, la fiscalía dio órdenes de captura, según trascendió. Los hechos señalan que en 1997 grupos paramilitares obligaron al desalojo de la población “de las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó, del municipio de Riosucio, y también en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó”, en el mismo ocasionando el desplazamiento forzado de la población. La investigación abarcó la apropiación de tierras por parte de empresas para desarrollar la palma aceitera y la ganadería extensiva, entre las que se encontraba Daza Pretelt. En abril de 2010, pocos días de la barbarie policiaca en San Félix y áreas aledañas, la empresa de Jaén Limnio y Daza Pretelt anunciaron la construcción de la planta de San Bartolo que realizaría la española TSK a un costo de 35 millones de dólares. En estos proyectos también se señala a la familia Martinelli como socios de los proyectos, a través de la propiedad de la tierra donde se ubican, por medio la Inmobiliaria Río San Pablo. En esta última empresa aparecen Mario Enrique Martinelli Berrocal, Inonne Matute de Martinelli y Tomás Martinelli, quien se encuentra en la empresa Reforestadora Cañazas, propietaria de la concesión del proyecto hidroeléctrico La Laguna, también en el Río San Pablo. Este grupo, en el que ahora aparece Nevin Bhakta, Hitendra Mohan, Concepción Dominguez y David John Hart, junto a firmas de abogados poderosas, son los que controlan los proyectos de San Bartolo y Las Cruces, en el Río San Pablo. Se trata de una conducta rapaz de los grupos en el poder para apropiarse de todo lo que le sea posible, y dispuestos a hacer hasta lo imposible por acrecentar sus riquezas. En julio de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial la concesión de 141 hectáreas para la extracción de oro en el distrito de Cañazas, área de influencia de los proyectos hidroeléctricos en el río San Pablo.  El presidente-director de la empresa es Antonio Bonilla Ruiz, de quien se dice es estadounidense, el vicepresidente-secretario-director es Navin Bhakta, y se añade Juvenal Monteza como Sub-secretario-director. Juvenal Monteza trabajó desde el gobierno de Guillermo Endara en el departamento de comercio exterior del Ministerio de Comercio e Industria. Cuando el gobierno de Mireya Moscoso, Juvenal Monteza todavía era director nacional de Servicios al Comercio Exterior del Ministerio de Comercio e Industria. En representación del gobierno viajó a Taiwan. En 2004 tres (3) funcionarios de comercio exterior del MICI fueron acusados de tráfico ilegal de personas. Juvenal Monteza fue uno de ellos y fue separado del cargo.  Un periódico de la localidad difundió que “La oficina de Migración informó que se pudo determinar que por lo menos existen seis casos sobre solicitud de visas a ciudadanos de China continental que se tramitaron con la documentación, sellos y firmas de los funcionarios de Comercio Exterior que están bajo investigación”.  Desconocemos cuál fue el resultado de la investigación.

Claramente que los proyectos aquí analizados están interrelacionados, con gente directamente vinculada al actual gobierno y a la familia Martinelli.

Javier Daza, este oscuro personaje, también ha mantenido vínculos con Ricardo Martinelli.  En la empresa Recursos Hidroeléctricos, S.A., creada en el 2007, aparece como Presidente Ulises Dioger Gonzalez, un empleado de Martinelli. También Eduardo Vallarino Arjona, el célebre indivíduo de la hidroeléctrica Los Estrechos, en el Río Cobre, así como Rolando Cuevas, Ernesto Richa, Carlos Manuel Quintero, Luis Arrieta de la Guardia, y Maribel Gamillo, como directores.

Hidroeléctrica La Laguna del Río San Pablo

El 5 de septiembre de 2012, pobladores campesinos e indígenas, aglutinados en la Unión Indígena Camapesina (UIC), le impidieron el paso a equipos que se aprestaban a desarrollar trabajos en el proyecto hidroeléctrico La Laguna en el Río San Pablo, en la Provincia de Veraguas. Se trata de un proyecto de interés de la familia Martinelli, y directamente relacionado al presidente Ricardo Martinelli.  Los equipos eran de la empresa MAPINTEC GEOTECHNOLOGIES INC., de propiedad del minero Zorel Morales, director ejecutivo de la Cámara Minera.  Ha sido muy clara la política complaciente y de complicidad del gobierno de Ricardo Martinelli con los mineros, con la intensión de desarrollar proyectos en la Comarca Ngabe Buglé, y los proyectos mineros de Cañazas y Remance, en Veraguas, Cerro Quema en Azuero, y Petaquilla y el proyecto de Cobre de Minera Panamá-, en Colón-Coclé, todos ellos relacionados a un grupo de empresarios cuya caras visibles son Richar Fifer, Xorel Morales, Julio Benedetti, cuevas y otros. Los vínculos incluyen a todos los gobiernos desde la concesiones otorgadas por el gobierno post invasión de Guillermo Endara, Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón, hasta la actualidad. Mario Jaramillo, el actual Embajador de Panamá en Washington, casado con una hermana de Fifer, antes de entrar al gobierno de Martinelli era ejecutivo de la mina petaquilla.

El proyecto hidroeléctrico La Laguna es propiedad de Reforestadota Cañazas, S.A., donde aparecen Ulises Dioger González, como presidente, tesorero y director, Ivan Alexis Gaitán, secretario, y Tomás Martinelli como director y agente residente.  Ulises Gonzáles es el presidente de la sociedad de Ricardo Martinelli, CD, S.A.,Tomás Martinelli es el Tesorero y Alma Cortés, la Ministra de Trabajo y abogada de las empresas de Martinelli, es la secretaria.  La empresa fue creada para recolectar fondos para la campaña presidencial. En su momento se mencionó que esta empresa había recibido donaciones de David Murcia, el encausado por el caso DMG y la estafa de pirámide, a través del actual Administrador de la Autoridad de Aseo, Enrique Ho, y Ernesto Chong Coronado. Todos saben que el Partido Cambio Democrático, fue creado por Martinelli, sus empleados y gente más allegada.  El siempre ha sido el dueño del Partido.

La familia Martinelli tiene empresas de arroz en Tolé, Tabasará y Cañazas, en las cuales aparece Tomás Martinelli.  Ulises González y Alexis Gaitán representan los intereses de Martinelli, y se les identifica como sus “empleados”; Reforestadora Ricamar, Recursos Hidroeléctricos, Recuperación de Cobros, Hidroeléctrica Arkansas, Ases, 99, Compañía de Seguridad Super 99, todas ellas del grupo Martinelli.  En estas empresas, Ulises González y Alexis Gaitán se relacionan con otros empleados de las empresas de Martinelli, lo cual, al parecer, es una práctica de este grupo, que aquellos de su confianza, sirvan de testaferros de Martinelli. 

Veamos algunos ejemplos. Carlos Effio trabaja para Importadora Ricamar, S.A., y Rigoberto Effio fue nombrado Gerente General de la Empresa Nacional de Autopista (ENA).  Sonia Luzcando fue nombrada como directora del IFARHU y Marisín Luzcando se encargó de SERTV, canal 11.  Son cuñadas. Marisín es hija y Sonia es nuera de Delia Ruiz de Luzcando, quien, se afirma, ha sido mano derecha de Martinelli durante los últimos 30 años. Roberto Luzcando Ruiz, su hijo, es vicepresidente de Compras del Super 99. Roberto también aparece como director en otras empresas de la familia del Presidente: Inversiones Grouper, S.A., Panasal, S.A. y UBR Games Services, S.A. Delia es la gerente general de Importadora Ricamar. Julio Abrego, designado director del Instituto de Investigación Agropecuaria (IDIAP), trabajó por más de 20 años en Importadora Ricamar como jefe de depósito. Cuando se le preguntó al respecto Abrego contestó: “Ýo tengo 25 años de trabajar en Importadora Ricamar. He desempeñado varios puestos, entre ellos el de jefe de depósito. Pero déjeme decirle también soy ingeniero agrónomo zootecnista. Me gradué en la Universidad de Panamá”. El exmilitar de la época de Noriega, Jaime Trujillo, y gerente de seguridad de Importadora Ricamar, S.A., fue nombrado en el Consejo de Seguridad. María Cristina González, quien fuera hasta hace poco Directora del Servicio de Migración y Naturalización, miembro, además del Partido de Martinelli, es hija de uno de sus contadores. Su jefe de contabilidad, Gioconda de Bianchini fue nombrada Contralora General. Frank De Lima, el actual Ministro del MEF, era su empleado. Ulises Dioger González, el representante de Ricardo Martinelli en el proyecto La Laguna en el Río San Pablo, se encuentra en la empresa Final Interactive Network Intl, junto a Salomón Shamah y Carlos Effio, el gerente de compras de Importadora Ricamar y Mega Depot. Effio y González representan los intereses de Ricardo Martinelli. Se trata de una avaricia desenfrenada.  Es la causa común que los reúne.

Inversiones Grouper, S.A., aglutina al presidente Ricardo Martinelli y sus hermanos Irma Lorena y Mario Enrique, además de su esposa Marta Linares y sus empleados Delia Ruíz de Luzcando y Roberto Luzcando Ruíz, hijo de Delia. Se añade el familiar de la esposa del presidente, Roberto Brin.

Ivan Alexis Gaitán, otro de los que aparecen en la empresa Reforestadora Cañazas del proyecto La Laguna en el Río San Pablo, es también director de Ases 99, S.A., Recuperación de Cobros, S.A., Easy Clean, S.A. y Transportes Rubí Rojo, S.A:, junto a Ulises Dioger González y Tomás Martinelli. Ulises González también aparece en la empresa Plazas Brisas del Golf, S.A., creada para un proyecto inmobiliario por el Presidente Ricardo Martinelli y Analida Martinelli, en Musha Cay Development, S.A. junto a la hermana del Presidente, Irma Martinelli Berrocal y Tomás Mrtinelli, en Distribuidora Cativé, S.A., con Mario Martinelli Berrocal y Luis Alberto Abrego Núñez, Sub secretario de Organización de Cambio Democrático y candidato por el circuito 9-2 de Santiago, en Constructora Mar del Norte, S.A., con Roberto Luzcando Ruíz, Mario Martinelli B., y Roberto Brin, el pariente de la esposa del presidente. Brin se asocia con Irving y Gerald Halman del grupo HOPSA y Jaime De Lima, en la empresa Servicios Aliados, S.A. Los parientes de la primera dama, Roberto Brin y Francisco Linares Brin, forman parte del equipo de trabajo del actual gobierno. Francisco Linares está asociado con Guillermo Quijano, Ricardo Durán, Raúl Orillac, Fernando Cardoze Fábrega de la firma de abogados, Arias, Fábrega y Fábrega, en el grupo UNESA (Unión Nacional de Empresas, S.A.).  Quijano, por muchos años miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, junto a Roberto Roy, es del Partido Molirena.

Los grupos campesinos e indígenas, se ven enfrentados a estos grupos de poder económico y político, quienes siempre han hecho uso del poder del estado para acrecentar su riquezas y apropiarse de todo recurso natural que le puedan sacar ganancias, así tengan que asesinar a humildes ciudadanos.  Es esta la lucha que libra el noble pueblo indígena y campesino de Veraguas, en los proyectos hidroeléctricos que se quieren hacer en el Río San Pablo, Las Cruces, San Bartolo y La Laguna; sin que olvidemos la lucha de Barro Blanco.

Modificado por última vez en Sábado, 26 Enero 2013 01:06

Comments   

0 #1 Orlando Campos 2013-01-30 00:23
Excelente trabajo que desenmascara a estos sinverguenzas. Adelante compañeros. Inscribamos el FAD.
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