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Fuente: TVNotas/ Agencias/ Noticias urbanas/ Defensoría del Pueblo/ Prensa María Rachid

La organización Pro Vida logró que se suspendiera la primera interrupción legal en el país Latinoamericano. Para ello contó con una jueza adicta que colaboró en sus planes. Un juez anterior había desestimado la petición de éste grupo católico.

La medida provocó la indignación de múltiples organizaciones sociales, ya que la mujer que iba a ejercer este martes su derecho al aborto era víctima de explotación sexual y quedó embarazada a partir de una violación.

Pedro Andereguren, abogado de Pro Vida, advirtió que "el derecho de la vida del niño no puede estar sujeto a la decisión de la madre”, ya que “una cosa es la no punibilidad y otra es que tenga derecho a hacerlo".

Agregó que "no puede pretender paliarse el trauma de la madre con el homicidio del niño, la vida del niño no es menor al dolor de la madre, ese niño es persona por nacer”.

El principal responsable de que se haya desatado esta polémica es el jefe de gobierno de Buenos Aires, el derechista Mauricio Macri, quien la semana pasada vetó la ley del aborto aprobada por la Legislatura.

Sin veto de por medio, Pro Vida no hubiera tenido éxito en frenar el aborto programado este martes.

En marzo pasado, la Suprema Corte de Justicia despenalizó por completo el aborto en caso de violación, en un fallo que abrió la puerta a un nuevo debate sobre una práctica que realizan alrededor de 500 mil argentinas por año.

Sin embargo, Macri, al reglamentar este derecho en la capital, impuso mayores requisitos que los establecidos por el máximo órgano de justicia del país sudamericano al establecer un máximo de 12 semanas de gestación para poder realizar la práctica.

El mes pasado, la Legislatura de Buenos Aires aprobó por mayoría la legalización del aborto sin restricciones para víctimas de violación e incluso para adolescentes de 14 años, que podrían acudir a los hospitales públicos sin autorización previa de sus padres.

Pese a que múltiples personalidades del país le solicitaron que respetara la división de poderes, Macri terminó vetando la ley, por lo que ahora se renovará el debate nacional sobre el derecho al aborto.

Defensoría del Pueblo envía nota al Hospital Ramos Mejía

RimaWeb

El Director del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eduardo Peduto, envió este martes 9 de octubre una nota al Hospital Ramos Mejía en relación al aborto no punible que debía a realizarse hoy en dicho establecimiento.  En la misma se recuerda la “necesidad y obligación legal de guardar estricta reserva respecto de las prácticas médicas para garantizar su realización”.

Asimismo, se remarca lo establecido en la ley N°1845 de protección de datos personales sobre el carácter de dato sensible de toda información referente a la salud. En la misma línea, se hace referencia a la ley básica de salud N° 153  que señala “la obligación de guardar intimidad, privacidad y confidencialidad de la información relacionada con su proceso
salud-enfermedad”.

A continuación transcribimos la nota completa:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de Octubre de 2012.

*HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE MARIA RAMOS MEJIA”* Dr. Carlos Arturo MERCAU Gral. Urquiza 609

S   /   D

 *Ref. Privacidad prácticas médicas*

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Director del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organismo de control de la ley de protección de datos personales N° 1845 y decreto reglamentario.

A raíz de los hechos de público conocimiento en relación a la realización de un aborto no punible que iba a realizarse en el día de hoy en el Hospital a su cargo el Centro quiere recordarle la necesidad y obligación legal de guardar estricta reserva respecto de las prácticas médicas para garantizar su realización.

La ley de protección de datos pesonales local considera toda la *información referente a la salud *como un dato sensible (articulo 3) que requiere de la máxima protección. En ese sentido la ley nro. 1845 en especial establece*Artículo 9°.- *Datos relativos a la salud. Los establecimientos sanitarios  dependientes de la Ciudad de Buenos Aires y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud que presten servicios en los mismos pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando los principios del *secreto profesional. *Ante la transcendencia que ha adquirido podría concluirse que este extremo no fue cumplido debidamente.

Además de ello la ley básica de salud nro. 153 en el articulo 4 inc. C establece la obligación de guardar *intimidad, privacidad y confidencialidad de la información relacionada con su proceso salud-enfermedad. *

En el link http://www.cpdp.gob.ar/images/articuloscpdp/guia_salud.pdf existe un publicación realizada por el Centro que está especificamente referida a la protección de la intimidad en materia de salud, allí se señala que *“El  Secreto Profesional es un instituto central que tiene por objetivo la confidencialidad de la información.  Se aplica a cualquier tipo de
divulgación, por cualquier medio o forma, aun al caso en que se divulgue a una  sola   persona.   El   secreto   profesional   está dispuesto   en varias   normativas   de   la   salud,   si   bien son  particularmente relevantes las siguientes: art. 4 inc. “c” de la Ley Nº 153 y el Decreto 208 en el ámbito de la Ciudad;    el art.  11 de  la Ley Nº  17.132 y art. 156 del  Código Penal en el ámbito de  la Nación;  y  los  artículos 78º a 94º del Capítulo VI del Código de Ética de la Confederación Médica Argentina de 1955.”*

  Sin otro particular, y esperando que en el futuro adopte los recaudos necesarios para impedir la repetición de situaciones como la observada lo saludo a Ud. atentamente.

Lic. Eduardo Peduto

Otra piedra en el camino:
Una jueza suspende aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires

Diputada María Rachid
 
En el día de hoy estaba prevista la realización de un aborto no punible en el Hospital Ramos Mejía a una mujer de 32 años, víctima de una red de trata de personas, el cual fue suspendido en el marco de una acción judicial iniciada por la Fundación Pro-Vida. La medida cautelar fue dictada por la jueza nacional en lo civil Nº 106, Myriam Rustán de Estrada.

Si bien la interrupción del embarazo se iba a realizar en aplicación del Protocolo de Atención de Abortos no Punibles emitido por el Ministerio de Salud de la Ciudad, el cual consideramos inconstitucional y contrario al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el reconocimiento del derecho de esta mujer era un avance importante en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la Ciudad. 
 
Al respecto, la diputada de la Ciudad, María Rachid (FPV), dijo: "La actitud irresponsable del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, al anunciar el viernes pasado la interrupción del embarazo de esta mujer no solo violó su derecho a la intimidad, sino que provocó la interposición de esta acción judicial que ahora le impide el ejercicio de sus derechos y vuelve a victimizarla, luego de haber sido víctima de una violación en el marco de una situación de trata de personas. Si no se logra concretar el aborto, el Jefe de Gobierno sería directamente responsable por la violación de los derechos de esta mujer".

 
Y agregó: "Se trata de una situación muy preocupante, ya que con el protocolo de Macri, si el caso se sigue dilatando, no será posible la interrupción de su embarazo. Esto es algo que no pasaría si estuviera vigente la ley aprobada por la Legislatura con el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas de la Ciudad, en estricto cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de mujeres y niñas, que el Jefe de Gobierno informó que va a vetar mediante un comunicado de prensa. Esperamos que esto lo ayude a reflexionar y no vete la ley sancionada por la Legislatura".

#NOalVETO
Basta de muertas por aborto clandestino

Fuera las patotas, los curas y los jueces de nuestras vidas!
Desde la comisión de mujeres del Htal Garrahan llamamos a todas las organizaciones de mujeres, que luchan contra la red de trata de personas y a todas las organizaciones obreras y populares, a repudiar la suspensión del aborto que se iba a realizar esta mañana a una mujer violada en un marco de secuestro de la red de trata. Así mismo repudiamos el hostigamiento que está ejerciendo la iglesia a una de las médicas que estaba a cargo del procedimiento.

El gobierno de Cristina y el jefe de gobierno Macri fueron y son cómplices de los políticos, policías y jueces corruptos que, sabiendo cómo funcionan este tipo de red no hace absolutamente nada para terminar con ella ni con la muerte por aborto clandestino. Asi mismo financian a la iglesia católica encubridora de pedófilos que realiza estos ataques contra la vida de cientos de mujeres.

Todavía no terminamos de desarmar las valijas a nuestro regreso del ENM y nos encontramos con una brutal provocación que atenta los derechos por los que venimos luchando en todo el país. Las trabajadoras de la Salud decimos que la salida a estos vejámenes esta en nuestras manos independientes de todo gobierno, juez, cura, burocrata y patrón.

Basta de muertas por aborto clandestino!

Por el aborto legal, seguro, gratuito e irrestricto realizado en condiciones sanitarias en los hospitales públicos.

Por Comisión de Mujeres de la Junta Interna ATE Garrahan