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29 Abr 2012

Ecuador: El trabajo en la Revolución Ciudadana Destacado

por Franklin Sarmiento S.
Domingo, 29 de Abril de 2012 05:35
Las campañas de trabajo digno, la universalización de la afiliación al IEES, las inspecciones de empleadas domésticas; constituyen parches y medidas populistas realizadas por el gobierno que incluso tocan a sectores medios de la economía y no al gran capital.

ECUADOR: EL TRABAJO EN LA REVOLUCIÓN CIUDADANA

*Franklin Sarmiento S.

 

I.          INTRODUCCIÓN

Con la llegada al poder del Econ. Rafael Correa Delgado, en el año 2007, estaba planteado se de fin a quince años de flexibilización laboral iniciada con el Gobierno Social Demócrata de Rodrigo Borja en el año 1991 y continuada por sus predecesores;  y de esta manera se ponga fin a la precariedad del trabajo: tercerización e intermediación, contratos por horas, sobre explotación, desorganización,  salarios bajos, a los que fueron sometidos trabajadores públicos y privados; bajo el argumento de que estos y sus “holgados derechos”, conjuntamente con un Estado que intervenía en la economía, eran los causantes de la crisis y el subdesarrollo de nuestro país.

Durante este periodo 1991-2006 las organizaciones populares, incluidos algunos sectores sindicales, conformaron un movimiento social que levantó un proceso de resistencia al neoliberalismo bajo las banderas de defensa de la soberanía y el manejo de recursos naturales, el no pago de la deuda externa, la oposición a los tratados de libre comercio, la no presencia de bases militares extranjeras, y otras reivindicaciones políticas, económicas, sociales y ambientales.

En el caso de los trabajadores/as para el dirigente de los obreros petroleros Diego Cano Molestina: “… esta resistencia fue posible sostenerla en base a la existencia de la organización y a la protección de la contratación colectiva; que más allá de regular las relaciones laborales o ser el mecanismo para acceder a derechos y controlar el cumplimiento de los mismos, viabilizó la defensa de la propiedad pública y de las áreas estratégicas de su economía: petróleo, electricidad, telecomunicaciones, agua, minería, salud, educación, seguridad social, saneamiento ambiental; para que estas continuaran en manos del Estado y no sean transferidas al sector privado…” .

Reivindicaciones que fueron incluidas en el discurso del gobierno actual, consiguiendo el apoyo y la confianza de amplios sectores de trabajadores.

II.         SEIS AÑOS DE REVOLUCIÓN CIUDADANA

Después de seis años de “Revolución Ciudadana” tiempo suficiente para ver resultados en materia laboral, más aun cuando y durante este periodo el régimen emprendió  una abundante reforma legislativa desde la elaboración de la propia Constitución variándose  las disposiciones sobre el trabajo, la puesta en vigencia de los Mandatos Constituyentes dos, cuatro y ocho, la expedición de las leyes de Servicio Público, Empresas Públicas,  el Código de la Producción, reforma a la ley de Seguridad Social; promulgó los Decretos Ejecutivos 1701, 225, 813 y otros, y decenas de acuerdos y resoluciones expedidos por el Ministerio de Relaciones laborales, transformándose en definitiva la mayoría de legislación vigente que regula las relaciones en el sector privado y en el público y dentro de este a obreros sujetos al Código del Trabajo y a los empleados sujetos a leyes administrativas;  no estando exentos de estas reformas, médicos, docentes, enfermeras etc., alterándose de esta manera los aspectos fundamentales de la relación de trabajo: remuneraciones, jornadas de trabajo, estabilidad, organización y contratación colectiva esta última en el caso de los obreros. 

III.        LA CENTRALIDAD EL TRABAJO EN LA SOCIEDAD

Lo antes manifestado –abundante legislación en materia laboral-  da cuenta de la importancia del trabajo en la sociedad,  como el eje central de la misma, en cuanto es el trabajo el que a más de generar la riqueza social (cooptada por unos pocos) y proveer de los bienes y servicios que se necesitan para la viabilidad de una colectividad,  propicia la  humanización del hombre a través del intercambio e interrelaciones que genera; así, para el Sociólogo Argentino Ricardo Antunes: “la historia de la realización del hombre como ser social, se objetiva, se hace real a través de la producción y reproducción de su existencia, acto social que se hace efectivo a través del trabajo”.

Ponemos énfasis en lo último manifestado, en cuanto en este gobierno como los anteriores, en acuerdo con los medios de comunicación, Cámaras de Producción,   Comercio y otros, la propia Academia: Universidades e Institutos y más poderes constituidos, han hecho bandera común el excluir del análisis y discusión como parte de la realidad AL TRABAJO, su naturaleza, condiciones, organización, situación de los trabajadores, remuneraciones y otros, limitándose a entregar datos o cifras sobre empleo, subempleo y desempleo.

Obviamente estas posiciones que excluyen AL TRABAJO, de los foros de desarrollo, de los simposios sobre el buen  vivir o Sumak Kausay, de los seminarios sobre derechos fundamentales, de los planes estratégicos del gobierno central y de los gobiernos autónomos, tienen una intención eminentemente política; no dar cuenta de la situación en que se encuentra la mayoría de la población que depende de un trabajo y por lo tanto de un salario,  y por otra parte no se cuestione el modelo de acumulación capitalista existente, mismo que subsiste justamente por el traspaso de la plusvalía obtenida en base al trabajo y que en el caso de este gobierno, como él mismo a manifestado, se encuentra incólume.

Esto en cuanto si se indaga y desentraña el tratamiento que el régimen da al trabajo en la sociedad, en que medida el trabajo, salarios participan de la distribución o asignación de la riqueza que el mismo genera, podemos con claridad definir el tipo de organización político, social, económica que rige nuestra sociedad, y al servicio de los intereses que se coloca;

IV.       REFORMAS AL TRABAJO EN  LA REVOLUCIÓN CIUDADANA

Nuestra legislación laboral otrora considerada la más avanzada de América Latina, producto de un siglo de lucha de los trabajadores; en tiempos de Revolución Ciudadana ha tenido una profunda transformación; a continuación analizamos las principales reformas introducidas a los  aspectos fundamentales del  trabajo: remuneraciones, jornadas laborales, estabilidad, organización y contratación colectiva.

V.        REMUNERACIONES

El trabajador sea público o privado o del área en que se ocupe: industria, comercio, agricultura, servicios,  labora en virtud de un salario, que le permita su subsistencia y de su familia, decir lo contrario es situarnos “en el país de las maravillas”, por lo que este elemento es sustancial para el trabajador; pero también lo es para  el capitalista o empleador, en virtud de que dependiendo del gasto que en remuneraciones realice el capital, dependerán también las ganancias que obtenga en su negocio; mayores remuneraciones menos ganancia y viceversa; en el caso del Estado, menos remuneraciones mayor excedente para el gobierno y sus “gastos”. 

En relación al tema analizado, el régimen ha planteado desde la misma Constitución de Montecristi Art. 328 que los trabajadores deben llegar a un salario digno que cubra las necesidades básicas de  la persona trabajadora y su familia, sin embargo, lo antes manifestado ha queda en un enunciado más que adorna la Constitución.

En la práctica en el caso del Sector Público mediante el Mandato Constituyente No. 2 se prohibió el establecimiento y existencia de bonificaciones a más de la remuneración unificada y, con el Mandato Constituyente No 8  que planteó la revisión de la contratación colectiva y la subsiguiente normatividad secundaria se proscribieron bonificaciones y subsidios históricos como la antigüedad, familiar, educacional, reconocidos por nuestra legislación cuya naturaleza era la progresividad, estas conquistas laborales fueron considerados de manera unilateral por los representantes de la revolución ciudadanía como excesos y prebendas de los trabajadores.

Posteriormente mediante el Decreto Ejecutivo  225 dictado el gobierno volverá a reconocer estos subsidios pero en cantidades totalmente ínfimas e  irrisorias.

A más de lo manifestado mediante el acuerdo  ministerial  098-2011 en el caso de los trabajadores públicos se han establecido techos de remuneraciones que pueden negociarse en actas transaccionales y contratos colectivos, mismos que representan valores inferiores a los salarios que perciben los trabajadores públicos; igual situación acontece en el ámbito administrativo en donde las alzas remunerativas las han sujetado a las tablas de niveles que se actualizan cada dos años.

En el caso de los trabajadores privados, mediante la reforma a la Ley de Seguridad Social del marzo de 2009, se  determino la mensualización del Fondo de Reserva, y con la expedición del Código de la Producción, Art. 9 se ha planteado una fórmula  matemática en la que se suman todos los ingresos que un obrero cobra en un año: remuneraciones, décimo tercero y cuarto, utilidades, comisiones y se divide para doce y esta seria la remuneración digna; es decir de  manera embustera y tramposa, el salario digno se cubre con los propios ingresos de los trabajadores, sin que el gobierno decrete  alza real alguna.

 En el caso de los trabajadores de las empresas privadas estratégicas se han bajado el porcentaje de utilidades del 15% al 3% favoreciendo a las empresas y al estado, al adueñarse de recursos que históricamente les correspondían a los trabajadores.

Lo manifestado, claramente trasluce la política del gobierno hacia el congelamiento de sueldos y salarios, el desconocimiento de derechos histórico como antigüedad, subsidio familiar, educacional; y la pauperización a través de los procesos inflacionarios que reducen la capacidad adquisitiva de los hogares ecuatorianos.

VI.       LA JORNADA DE TRABAJO

Nuestra legislación reconoce la  Jornada de Trabajo máxima de 8 horas diarias y cuarenta semanales.

Más en determinados sectores laborales de alto riesgo e intensidad de trabajo como el caso de recolección de basura, trabajo con químicos, radiaciones, enfermedades infecto-contagiosas, camales, sector de hidrocarburos  y otros,  vía leyes, contratación colectiva de manera fundamentada se establecieron jornadas menores.

Más con la expedición de la Ley de Servicio Público, y los Decretos Ejecutivos 1701 y 225 se dejo sin efecto toda esta normatividad, obligándose a laborar en estas ocupaciones de alta peligrosidad e intensidad las 8 horas diarias sin tenerse en cuenta la afectación a la salud física y sicológica que se causa a trabajadores, empleados y profesionales, incluso sin que se les reconozca la remuneración por el aumento de trabajo.

Además de lo manifestado, en especial en el sector público se ha instaurado todo un sistema de vigilancia y persecución a todo servidor: empleados, obreros que incluye la instalación de cámaras de vigilancia, supervisión permanente y la obligatoriedad de participar en los eventos políticos que organiza el gobierno, bajo la figura de ferias, exposiciones y otros, bajo la amenaza de la compra obligatoria de renuncias conforme más adelante se analizará.

VII.      LA ESTABILIDAD EN EL TRABAJO

La estabilidad o permanencia en el trabajo constituye un derecho fundamental en cuanto representa la seguridad de un trabajador para mes a mes asegurar su manutención y la de su familia.

Nuestra legislación reconoce dos tipos de estabilidad, en el ámbito laboral para trabajadores públicos y privados la estabilidad relativa o durabilidad, (siempre y cuando se trate  de contratos indefinidos), Guillermo Cabanellas la define como “la subsistencia normal e indefinida de un contrato de trabajo…” “… con la garantía para el trabajador en caso de limitarse su derecho (estabilidad) para ser indemnizado en el supuesto de injusto despido o de auto despido justificado” ..

En el ámbito administrativo: empleados, profesores en general servidores  públicos históricamente se les reconocía  la estabilidad absoluta o perdurabilidad en donde en el caso que el empleador ponga fin a la relación de trabajo, fuera de los casos permitidos en la ley, el servidor tiene derecho a reclamar su puesto de trabajo y la cancelación de la remuneración que dejo de cobrar durante todo el tiempo que haya permanecido fuera del trabajo.

1)         El Despido Política de Estado

 Con las reformas introducidas en lo diferentes cuerpos normativos conforme se va analizar, en el primer caso se ha facilitado el despido a través de establecer topes a las indemnizaciones en el caso del sector público y se ha dado fin a la estabilidad absoluta en el caso de los servidores sujetos al régimen administrativo; a más de lo manifestado el gobierno, se ha servido de todas las argucias como despidos unilaterales, evaluaciones punitivas, vistos buenos, sumarios administrativos, y las compras de renuncias obligatorias, para echar a la desocupación miles de trabajadores del Estado.

a)         En la Asamblea Constituyente, con el Mandato Constituyente # 4, se estableció topes a las indemnizaciones por despido de trabajadores públicos sujetos al Código del Trabajo (300 Remuneraciones básicas del trabajador privado) de lo que se valió el ejecutivo para despedir a todos los dirigentes laborales especialmente del sector petrolero en donde se había  denunciado  la concesión del gobierno de los principales campos petroleros a empresas transnacionales.

b)        Con la vigencia de la ley del servicio público se legislo más de 16 causales de destitución y las evaluaciones mecanismo que ha aplicado  en la mayoría de Ministerios,  en donde más del 40% de la nota se sujetaba a la entrevista que realizaba la máxima autoridad de la dependencia, misma que constituye personal directo del gobierno, bajo este procedimiento de destituyeron, suprimido puestos y comprado renuncias a miles de trabajadores.

c)         En el caso del Ministerio del Trabajo se suprimió las partidas o se les compro las renuncias  de casi todos los  Inspectores de Trabajo remplazándolos –ilegalmente- por Inspectores precarizados con contratos sucesivos de seis meses sin estabilidad y afines al régimen con quienes se inició una cacería de brujas en contra de todo obrero opositor al gobierno; el caso más sonado fue el de –Gaspetsa una empresa conformada legalmente por la cooperativa de trabajadores de Petroecuador que producía un tipo de combustible para lanchas- en donde 600 trabajadores petroleros fueron echados de sus trabajos por los procesos de vistos buenos concedidos por estos Inspectores, la mayoría de trabajadores no habían tenido ni idea que eran parte de esta empresa.

d)        Finalmente el gobierno de manera dictatorial, promulga el Decreto Ejecutivo 813 en julio de 2011, que reforma el Reglamento a la LOSEP, incorporando  en el Art. 8 la “compra de renuncia obligatoria con indemnización”

 La renuncia –es necesario aclarar-  es una acción “voluntaria” de quien decide dejar su trabajo en este caso el servidor, por lo tanto no puede ser obligatoria; a más de ello solamente la Asamblea Nacional tiene atribuciones para expedir, reformar, derogar e interpretar las leyes con carácter generalmente obligatorio, Art. 120 # 6 de la Constitución y no vía reglamentos, como en este caso;

Es necesario recordar que el gobierno al enviar el  Proyecto original de la Ley del Servicio Público –LOSEP- a la Asamblea Nacional ya  incorporó la figura del “Despido Intempestivo”, misma que fue rechazada por la Asamblea Nacional; posteriormente mediante veto incluyó la figura de “compra de renuncia obligatoria  con indemnización”, siendo desechada nuevamente la inclusión de dicha disposición por su propios asambleísta.

Lo antes manifestado ha significado miles de despidos en todas las instituciones públicas sin justificación, sin derecho a la defensa de gente honesta y trabajadora cuya falta es no ser del gobierno, no acudir a sus marchas o no tener acuerdo con su política, a mas de lo manifestado, muchos de los trabajadores despedidos se encuentran con juicios penales e incluso sentenciados, por haberse expresado la defensa de su fuente de trabajo.

Todos estos procesos, a más sembrar el terror en los trabajadores que se quedan para que no reaccionen es parte de la estrategia, con miras a las nuevas elecciones presidenciales en cuanto  los  miles de despedidos se buscan remplazar con gente a fin al gobierno y trabajadores precarizados con contratos sin estabilidad, obligados a constituir la fuerza de apoyo al régimen, marchas, células verdes, cadenas sabatinas, y la nueva campaña presidencial.

Lamentablemente todos estos hechos ilegales, autoritarios  son  legitimados por un Ministerio de Relaciones Laborales, Función Judicial y Constitucional que constituyen  alfombra  del gobierno;

2) La precarización del Trabajo

Uno de los principales hitos, que reivindica el gobierno es la eliminación de la tercerización e intermediación laboral, que precarizaba las relaciones de miles de trabajadores en el país, sin estabilidad, salarios justos y sobre explotados.

El 1 de mayo de 2008 como un reconocimiento a los trabajadores, el gobierno  difundió la expedición por parte de la Asamblea Constituyente del Mandato Constituyente No # 8, mismo que en los Arts. 1 y 2 eliminaba  la tercerización, intermediación y contratación por hora; sin embargo nada se dice que a reglón seguido en los artículos 3, 4, 5, 6, disposiciones generales primera y segunda,  se instituyen  nuevas formas precarias de trabajo: como son los servicios complementarios, contratos civiles y los contratos de trabajo a jornada parcial.

Actualmente hemos podido observar que cientos de trabajadores de limpieza, cocina, guardianía, de hospitales y casas de salud,  han sido despedidos para contratar vía la modalidad de servicios complementarios estos servicios, bajo el argumento de ser un ahorro para el estado, cuestión totalmente mentirosa, en cuanto se encuentra demostrado que con la tercerización hoy servicios complementarios el único beneficiario es el intermediario empresario, que recibe ingentes sumas de dinero por los servicios y personal,  mientras que mantiene a sus trabajadores precarizados con sueldo irrisorios y sobre explotados.

Igual situación acontece en los servicios civiles técnicos especializados que remplazan a la intermediación.

Es de conocimiento general, que han ingresado al estado miles de servidores y trabajadores, unos a remplazar a la gente que a sido echada y otros en nuevos cargos, todos con contratos precarios de seis meses; para evitar conflictividad en la disposición transitoria de ley del servicio publico se estableció que solamente al partir del cuarto año de trabajo un servidor recién podrá reclamar el derecho al concurso para acceder al cargo con nombramiento.

VI. El derecho de organización

El Art. 326 numeral 16 de la Constitución  dispone  que “En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo”.

Con ellos se cambia nuestra legislación adoptándose como único criterio para distinguir en el sector público a los trabajadores, el criterio funcional, es decir por la función o actividad que desempeña el trabajador sea está intelectual o material, abandonando el criterio, que toma en cuenta la naturaleza de la institución del Estado en la que el trabajador presta sus servicios; así,  anteriormente en las instituciones en donde el Estado ejercía su potestad por regla los trabajadores se sometían a la ley administrativa; mientras en aquellas instituciones cuyas actividades podían delegarse al sector privado, sus trabajadores se regulaban por el derecho laboral, además incluye como parte del Estado a las entidades de derecho privadas que cuenten con capital estatal mayoritario; cuyos trabajadores amparados anteriormente por el Código del Trabajo pasan a regirse a la ley administrativa.

Esta reforma ha significado en los sectores y empresas del Estado cuyos trabajadores se sujetaban al Código del Trabajo que se les clasifique como empleados y pasen a la ley administrativa, afectando el derecho de organización al desvincular a cientos de trabajadores de sindicatos y comités de empresas, y del derecho a la Contratación Colectiva no reconocido en el régimen administrativo. Además se sanciona al trabajo intelectual al plantearse que quienes realicen labores profesionales  en el sector público serán empleados sujetos a la ley administrativa

A más de lo manifestado vía reformas se ha restringido la libertad sindical, permisos para dirigentes, asambleas, marchas, debilitándose a las organizaciones; y,  por su parte el gobierno ha creado las suyas propias, con los clásicos dirigentes que están años de años sin recambio.

Finalmente los dirigentes de las centrales sindicales, se han puesto detrás del gobierno para no perder sus canonjías, o han mantenido un silencio cómplices o posiciones totalmente tibias tendientes a desmovilizar todo intento de reacción de los trabajadores.

VII. la Contratación Colectiva del Trabajo

En relación a la Contratación Colectiva, la constitución de Montecristi es totalmente regresiva, en cuanto en el Art. 326 numeral 13  dispone que: “Se garantiza la Contratación Colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las excepciones establecidas en la ley”, posibilitando que vía reformas legales se pueda limitar e incluso desconocer derechos constantes en los pactos colectivos, convirtiendo a estos de norma especialísima antes solo sujeta a la Constitución a norma de segunda; más aún en el Mandato Constituyente No. 8 se establecieron limitaciones a la Contratación Colectiva limitaciones que posteriormente se excedieron en demasía por los ilegales e inconstitucionales, Decreto 1701 y 225  y reglamentos expedidos que limitaron toda posibilidad de negociación colectiva, eliminándose incluso derechos históricos de los trabajadores públicos.

En relación a los Conflictos Colectivos de Trabajo, el Ministerio de Relaciones Laborales a generado criterio ilegales e inconstitucionales tendientes disminuir la acción de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, en la tramitación y resolución de tramites obligatorios y pliegos de peticiones, ampliando  las potestades de los Directores del Trabajo en la sustanciación de los trámites, y buscando someter a estos órganos de justicia –Tribunales de Conciliación y Arbitraje- a dictámenes e informes del Ministerio de Finanzas para la aprobación vía sentencia de contratos colectivos; finalmente en cuando al derecho de huelga este se encuentra limitado en cuanto desde la propia Constitución Art. 326 numeral 14 se prohíbe la paralización de los servicios públicos.

VIII.  El Socialismo  y  el Trabajo

Una sociedad socialista implica el tránsito hacia el desarrollo de formas de trabajo que permitan al hombre su humanización es decir la realización del hombre a través de una actividad útil para la sociedad y sus semejantes de una labor enajenada en donde el trabajo actualmente constituye una mercancía sujeto a la oferta y la demanda, un medio para la realización de fines privados –acumulación de capitales.

El presente modelo autodenominado como “Socialismo del Siglo XXI” o “Revolución Ciudadana”, conforme queda detallado, lejos de acercarse al socialismo, continua y profundiza las prácticas neoliberales más ortodoxas, en post de beneficiar al capital, pauperizar la situación de la clase obrera y romper todo proceso organizativo de los trabajadores.

Las campañas de trabajo digno,  la universalización de la afiliación al IEES, las inspecciones de empleadas domésticas; constituyen parches y medidas populistas realizadas por el gobierno que incluso tocan a sectores medios de la economía y no al gran capital.

*Es militante del Movimiento al Socialismo, sección ecuatoriana de la LIT-CI

Ultima modificacion el Domingo, 29 de Abril de 2012 17:01


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