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08 Abr 2012

Panamá. Oleada de privatizaciones Destacado

Escrito por  Genaro López (SUNTRACS-CONUSI)
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¿Qué intereses se ocultan detrás de esta nueva oleada privatizadora? ¿Cuál es la coima? ¿Cuántas nuevas razones jurídicas se crearán para adquirir acciones de estas ventas? Esta ha sido la trayectoria de los gobiernos privatizadores (PRD, Panameñista, Molirena, PP y CD).

Cuántos escándalos de corrupción se suscitan en la esfera pública, cuánto le cuesta a la sociedad panameña, quién carga con el costo de la misma. Estas dudas cobran mayor interés para la población cuando se pretende condicionar la atención de las necesidades sociales a la venta de la patria.

En los últimos meses el gobierno de Martinelli pretende la aceptación de los proyectos privatizadores, justificando los mismos como mecanismos para la obtención de recursos financieros para los proyectos sociales. Este ha sido el caso del pueblo Ngäbe Buglé (minería e hidroeléctricas), colonense (ZLC) y de la ciudad de Panamá (C&W).

La estrategia empleada por Martinelli no es nueva, desde que inició la política privatizadora producto de las exigencias de las IFI’s (1983), la trayectoria ha sido la misma: deterioro del servicio para justificar la privatización; promesa de más recursos para atender las demandas sociales; promesa de servicios de mejor calidad y a menor precio. A casi 30 años del proceso ninguna de las promesas ha sido cumplida, las demandas sociales siguen sin atender, los servicios no son de mejor calidad y los precios son más elevados.

Es decir, mientras el pueblo trabajador ha visto deterioradas sus condiciones de vida, producto de esta medida neoliberal que entrega la riqueza nacional, sí hay ganadores en los procesos privatizadores: las empresas transnacional que compran a precios irrisorios, un reducido capital local y quienes hacen posible el proceso privatizador (Altos funcionarios del gobierno) que reciben coimas por las transacciones.

Quizás por ello Frank De Lima, ministro de Economía y Finanzas, se atrevió a decir en un medio de comunicación social que la venta de la ZLC se enmarca en el concepto de ‘sustituir el sector público por el privado, pues el primero es ineficiente’ y que si se mantiene la participación en las acciones de C&W ‘el Estado se convierte en juez y parte’. Sobre lo primero, hay que señalarle al señor De Lima que el Estado per se no es ineficiente, son quienes los dirigen los que lo hacen ineficiente o no; además, privatizar las empresas públicas pensando en las fallas del Estado es un enfoque reduccionista, pues no considera las imperfecciones del mercado. Sobre lo segundo, la función del Estado es una función social, dirigida a velar por los intereses de las mayorías. Indudablemente al ministro se le salen sus intereses personales y empresariales. La pregunta, ¿cómo puede estar dirigiendo la cartera del MEF?

Los resultados del proceso de privatización demuestran que la condición de vida de la mayoría de la población no es mejor. Tampoco la privatización crea un ambiente de ‘mayor competencia del mercado’; al contrario, hay mayor concentración del capital a través de estructuras oligopólicas privadas, con el inconveniente de que los nuevos propietarios (empresas extranjeras) tienen injerencia en las decisiones de política económica que adopta el Estado y en cualquier caso tratan de favorecer sus intereses a costa de la población en general (Ver caso de la electrificación).

Cuántos millones de dólares tendremos que seguir pagando a las empresas que se han favorecido de los procesos de privatización, en concepto de subsidios para que los precios del servicio no aumenten exorbitantemente, puesto que no son regulados, dada la cacareada ‘seguridad jurídica empresarial’.

Siendo ello así, las preguntas son: ¿Qué intereses se ocultan detrás de esta nueva oleada privatizadora? ¿Cuál es la coima? ¿Cuántas nuevas razones jurídicas se crearán para adquirir acciones de estas ventas? Esta ha sido la trayectoria de los gobiernos privatizadores (PRD, Panameñista, Molirena, PP y CD).

Es evidente que quienes se han empeñado en mercantilizar la economía panameña, van a forzar estos procesos de privatización, aunque ello signifique conculcar todo tipo de normas legales que le son adversas.

Los panameños ya conocemos la privatización, los trabajadores ya han vivido los despidos de estos procesos, en tal sentido es necesario que unamos voluntades para rechazar la oleada privatizadora que impulsa Martinelli.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.

Modificado por última vez en Domingo, 08 Abril 2012 19:24

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